La MOE expresó preocupación por algunos de los puntos que expone la reforma política
De acuerdo con la Misión, la reforma es contradictoria en algunos de sus puntos respecto a la financiación de campañas políticas
25 de septiembre de 2022Contenido
La reforma política, que ya pasó su primer debate en la comisión primera del Senado de la República, recibió varias críticas por parte de la Misión de Observación Electoral (MOE) que expresó su preocupación respecto a algunos de los puntos que expone el proyecto.
Aunque la MOE destacó el proyecto como positivo, manifestó que se evidencian ítems puntuales que vulneran los propósitos principales de la creación de la reforma.
“La MOE destaca como positivas la adopción de las listas cerradas bajo los principios de paridad de género, alternancia y universalidad; así como las medidas encaminadas al fortalecimiento de la democracia interna de las organizaciones políticas”, destacó la Misión.
No obstante, de acuerdo con el análisis de la plataforma, "se advierte con preocupación que aunque el modelo está previsto para ser aplicado a partir de las elecciones de 2026, pareciera que el principio de paridad tiene una excepción y sería exigible para las elecciones a Congreso, hasta el 2030”.
De igual manera, la Misión precisó que el punto que establece las reglas para la financiación de las campañas políticas es contradictorio con la obligatoriedad de las listas cerradas.
"Uno de los objetivos de la lista cerrada es facilitar el control y la vigilancia, por parte de la autoridad electoral, del monto, origen y destino de los recursos empleados. Si se mantiene el modelo de que cada candidato consigue recursos, los maneja y los reporta, la reforma no presenta cambios en esta materia, y no avanza en el pretendido objetivo de transparentar la financiación", agregó.
Por último, la MOE aseguró que el gobierno tiene en sus manos el garantizar las condiciones para que se pueda cumplir la obligatoriedad del voto e invitó al Congreso de la República a reabrir la discusión del artículo de la reforma en el que se pretende eliminar las funciones actuales de la Procuraduría General de la Nación, que permiten la destitución de funcionarios.