La procuradora Margarita Cabello señaló que Ley de Paz Total no es constitucional
Se vulneró el deber superior de cumplir con decisiones judiciales, pues la Corte Constitucional ordenó al Congreso de la República
25 de julio de 2023Contenido
La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, reiteró que la Ley de Paz Total (2272 de 2022) no se ajusta a la Constitución.
En un nuevo concepto enviado a la Corte Constitucional, la jefe del Ministerio Público señaló que los congresistas no tuvieron la posibilidad de desarrollar los debates de la ley de manera informada ante la ausencia de insumos técnicos, pues no contaron con el concepto del Consejo Superior de Política Criminal que debía remitirse al proceso legislativo.
La Procuradora General precisó que “para el Ministerio Público era relevante el concepto del Consejo Superior de Política Criminal para que las cámaras hubieran podido deliberar de forma ilustrada sobre las normas que regulan aspectos del sometimiento de las estructuras organizadas de crimen de alto impacto”.
Sostuvo que la revisión del trámite legislativo permitió evidenciar “que la ausencia de la emisión y envío del concepto a las cámaras no fue una situación accidental, sino que se trató de una actuación deliberada, en la que el Gobierno Nacional no actuó razonablemente para que los congresistas contaran con dicho insumo en el desarrollo de sus deliberaciones”.
Agregó que esa omisión derivó en la violación de los mandatos constitucionales que exigen que los debates de las cámaras sean debidamente ilustrados, así como del principio de seguridad jurídica, pues los legisladores aprobaron un cuerpo normativo que no cumplía con la medida de autocontrol exigido en la normativa vigente.
También se vulneró el deber superior de cumplir con decisiones judiciales, pues la Corte Constitucional ordenó al Congreso de la República, en sentencias previas, contar con el concepto previo del Comité Técnico Científico del Consejo Superior de Política Criminal para iniciar el trámite de proyectos de ley o actos legislativos que incidan en la política criminal y en el funcionamiento del Sistema Carcelario y Penitenciario, puntualizó la Procuradora General.