La Procuraduría abrió cinco indagaciones por bombardeos durante el gobierno Petro
El organismo de control busca determinar si en estas operaciones militares se pudieron infringir normas del derecho internacional humanitario
19 de noviembre de 2025Contenido
La Procuraduría General abrió cinco indagaciones preliminares para esclarecer las circunstancias en las que 15 menores de edad habrían muerto durante diferentes bombardeos ejecutados en el actual gobierno. El organismo de control busca determinar si en estas operaciones militares se pudieron infringir normas del derecho internacional humanitario, especialmente en lo relacionado con la protección de niños y adolescentes en zonas de conflicto.
Las investigaciones están dirigidas a establecer qué unidades participaron en cada operativo, qué órdenes fueron emitidas, si existía información previa sobre la presencia de menores en los campamentos atacados y cuáles fueron las condiciones en las que se desarrollaron las acciones. Para ello, la Procuraduría pidió a las autoridades militares y judiciales entregar reportes completos, incluidos documentos operacionales, detalles del personal encargado y los resultados forenses de las víctimas.
Uno de los hechos bajo revisión ocurrió el 24 de agosto en una zona rural de El Retorno, en Guaviare, donde se reportaron muertes de presuntos integrantes de un grupo armado, entre los cuales podría haber habido menores.
Otro caso en indagación corresponde al operativo del 10 de noviembre en Calamar, también en Guaviare, donde siete adolescentes entre los 13 y 17 años murieron durante un bombardeo contra estructuras disidentes. Adicionalmente, se analiza un ataque aéreo en Puerto Rondón, Arauca, donde fallecieron ocho personas, uno de ellos menor de edad.
La Procuraduría resaltó que el propósito de estas indagaciones es esclarecer completamente lo ocurrido y determinar si hubo fallas, omisiones o decisiones contrarias a las normas humanitarias. El organismo insistió en que, aunque se trata de operaciones contra estructuras ilegales, las instituciones deben garantizar que los procedimientos se ajusten a los estándares que protegen a la población más vulnerable.