Procuraduría General citó a la Alcaldía de Bogotá por un presunto daño patrimonial
El Distrito fue acusado por un presunto daño urbanístico que asciende a $2 billones relacionado con el proyecto Tierra de Gracia
17 de enero de 2026Contenido
La Procuraduría General de la Nación citó el próximo 21 de enero a la Alcaldía de Bogotá a una audiencia de conciliación por un presunto daño urbanístico que se estima en $2 billones. También deberá asistir la Secretaría Distrital de Planeación por supuesta responsabilidad en el detrimento patrimonial de un fallo al momento de formular el Plan Parcial “Ciudad Bolívar 75 - Azoteas”.
El Grupo Malkenu fue el que promovió la solicitud, pues son los promotores del proyecto habitacional Tierra de Gracia, el cual tenía como objetivo la construcción de más de 70.000 viviendas de interés social al sur de Bogotá.
Todo empezó el pasado 9 de diciembre de 2021, cuando Malkenu radicó ante la Secretaría Distrital de Planeación una solicitud para llevar a cabo el Plan Parcial. La Alcaldía tenía 60 días hábiles para pronunciarse y, en caso de no hacerlo, se entendería como aprobada la solicitud.
Luego de dicho plazo, se configuró un acto administrativo a través de escritura pública y se notificó a la Secretaría con la solicitud de continuar con el procedimiento urbanístico. No obstante, la Secretaría aseguró que sí emitió la decisión, pero se envió a un correo electrónico equivocado.
De esta manera, los solicitantes no pudieron conocer la decisión y actuar en consecuencia. Además, en la denuncia, se suma que el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, POT, generó que el suelo perdiese la posibilidad de ser urbanizable para vivienda VIS.
“No atienden razones, no escuchan el evidente fundamento legal y se niegan a reconocer el hecho objetivo y palmario de que hubo un error en el procedimiento de notificación, por lo cual se le está negando a la ciudad una alternativa de solución del déficit de vivienda y, a nosotros, propietarios legítimos, el derecho a desarrollar libre empresa y al goce de la propiedad privada”, dijo Eduardo Romano, representante legal del denunciante.
De no lograrse un acuerdo, el Distrito podría enfrentar implicaciones judiciales, disciplinarias y presupuestales.