La Procuraduría General de la Nación pide cárcel para integrantes de Unión Temporal Centros Poblados
El ente de control aseguró que Emilio Tapia, conocido antes por el carrusel de contratación, debe ser enviado a la cárcel por su actuar
25 de septiembre de 2021Contenido
La Procuraduría General aseguró que hubo amenazas de muerte y eliminación de información que hacía parte fundamental de la investigación entre el contrato del MinTIC y Centros Poblados.
El ente de control aseguró que Emilio Tapia, conocido antes por el carrusel de contratación, debe ser enviado a la cárcel. De la misma manera, Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados y Juan José Laverde, directivo de Rave Agencias Seguros, tendrían que ir a prisión según la Procuraduría. Los empresarios se encuentran actualmente en etapa de imputación de cargos bajo la lupa investigativa de la Fiscalía.
Sobre las acciones adelantadas en la audiencia, el delegado del ente de control reconoció el acierto de la Fiscalía en cuanto a la imputación de cargos. “La imposición de la medida restrictiva de la libertad en centro carcelario sí evitaría la continuación en una actividad delictiva”, afirmó.
La Procuraduría hizo una diferenciación en medio de la audiencia al afirmar que Emilio Tapia tiene más probabilidades de reincidir en los delitos por su pasado de corrupción. Por esta razón, el delegado le pidió al juez 53 de garantías de Bogotá que enviase a Tapia a prisión. Lo anterior con el fin de no entorpecer la investigación que hoy cursa contra él.
En cuanto a Laverde y Duque, la Fiscalía ya había manifestado su necesidad de enviarlos a la cárcel por el hallazgo de conversaciones en chats y correos que podrían viciar la investigación. Por esta razón, la Procuraduría consideró que estas acciones podrían ser una traba para el proceso.
Por otro lado, Iván Cancino, representante del MinTIC en el proceso, aseguró que debe haber un embargo de los bienes para recuperar el anticipo de $70.000 millones. El abogado afirmó que el principal interés en el proceso es la recuperación del dinero que fue malversado por Centros Poblados.