La próxima semana empezará la discusión acerca de la reforma pensional en la Corte

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Inicia la cuenta regresiva para que se conozca si la Corte Constitucional declarará exequible o no la reforma pensional del Gobierno Petro. La próxima semana empezará el debate de la ponencia que el magistrado y presidente del alto tribunal, Jorge Enrique Ibáñez Najar, llevará a la sala plena.

En la discusión estará presente el nuevo magistrado de la Corte, Carlos Camargo, quien había presentando un impedimento para participar en la votación al argumentar un posible conflicto de interés. Esto, porque la demanda contra la reforma fue presentada por la senadora Paloma Valencia, quien participó en la votación del Senado del 3 de septiembre de 2025, cuando fue escogido como nuevo togado.

El efecto en lo administrativo

Aunque se esperaba que el nuevo sistema pensional comenzara a operar desde el pasado 1° de julio, la Corte suspendió, mediante el Auto 841 de 2025, la reforma del Gobierno, con excepción del parágrafo transitorio del artículo 12 y del artículo 76.

Por la decisión del alto tribunal, los fondos de pensiones siguen operando bajo la Ley 100 de 1993 y aún no funcionan como Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual, Accai.

El principal problema está en los trámites administrativos que provocarían la exequibilidad de la norma, puesto que las entidades del sistema no privadas, como Colpensiones, el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda, no cuentan con una ley que les permita contratar para empezar a desarrollar las operaciones de la reforma.

“Nosotros le pedimos a la Corte Constitucional que, si toman una decisión de fallo que declara exequible la reforma pensional, nos den mínimo dos meses a partir de esa fecha para implementarla. También solicitamos que comience un primero de mes, porque, si no, las cotizaciones de esos días quedarían en dos sistemas diferentes”, explicó Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

Uno de los mayores retos administrativos está relacionado con la devolución de saldos por vejez, una prestación económica del Régimen de Ahorro Individual que se otorga a aquellos afiliados que no cumplieron los requisitos para acceder a una pensión por vejez. En otras palabras, se trata de personas que tienen la edad para jubilarse (mujeres con 57 años y hombres con 62 años), pero no reunieron el capital necesario para acceder a la pensión o no alcanzaron 1.150 semanas de cotización o más en el Sistema General de Pensiones.

Durante 2024, se atendieron devoluciones de saldos por más de 80.000 personas; es decir, unas 20.000 por trimestre, un comportamiento normal de esta prestación económica.

Por ahora, falta conocer la decisión de la Corte, que tiene en manos el futuro de las pensiones.