Las 10 demandas más cuantiosas contra la Nación suman $219,4 billones
Los procesos de mayor valor económico en curso contra el Estado colombiano acumulan pretensiones por $219,4 billones, según cifras oficiales.
11 de julio de 2026Contenido
Ayer se sumó otro anuncio acerca de quienes liderarán los ministerios y entidades del ejecutivo en el gobierno de De La Espriella, en esta ocasión se trata de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Andje, la cual será dirigida por Germán Calderón España, quien reemplazará a César Palomino Cortés.
Calderón ha desarrollado su carrera en el derecho público y el litigio contencioso administrativo, ha participado en la defensa judicial de diferentes entidades estatales y tuvo un rol esencial en la campaña presidencial de De La Espriella como su asesor jurídico.
Ahora tendrá el reto de proteger los intereses jurídicos y el patrimonio público de la Nación. Su labor incluye coordinar la defensa judicial de la Nación, diseñar políticas de prevención del daño antijurídico, asesorar a entidades públicas en litigios y representar al Estado en procesos internacionales.
Con corte al 31 de marzo de 2026, el Estado colombiano enfrenta un total de 285.334 procesos en contra, cuyas pretensiones sumadas ascienden a la cifra de $832,39 billones y, en su rol como demandante, el Estado tiene 44.948 procesos buscando recuperar o proteger recursos por $33,33 billones. Ante esto, el reto es consolidar una gestión cada vez más estratégica, focalizada y basada en datos.
Si se mira a detalle cuales son los procesos judiciales activos más cuantiosos en contra de la nación, el top 10 de estas demandas suman $219,4 billones. La primera es el derrame de crudo en Coveñas con una pretensión económica de $34,4 billones, luego está la violación o amenaza a la moralidad administrativa por las Rutas nacionales 25 y 90 ($32,4 billones), luego está el hacinamiento en las cárceles ($31,5 billones), las aspersiones con glifosato en Chocó ($26,0 billones), el no uso del cargo por confiabilidad en la crisis energética por El Niño ($23,2 billones), los sobrecostos de ampliación de Reficar ($18,8 billones), el desplazamiento forzado en Catatumbo ($14,9 billones), el colapso del puente de Tierralta, Córdoba ($14,1 billones), las asignaciones de retiro de la Policía ($12,7 billones), y la Omisión de regulación de tarifas fijo-móvil ($11,4 billones). Como balance de la entidad en lo que va del año, el director saliente aseguró que “hay señales positivas en la dinámica de entrada de nuevos procesos, con una tendencia decreciente en el número de demandas admitidas desde 2022.
La tendencia a la baja se confirma al cierre de este primer trimestre de 2026, periodo en el que se han registrado 11.272 nuevos procesos admitidos y notificados. Este comportamiento sugiere avances en materia de prevención del daño antijurídico y abre una oportunidad para consolidar estrategias orientadas a reducir la litigiosidad desde su origen, complementando la defensa en sede judicial”, tarea que ahora quedará en nuevas manos.
Finalmente, en el ámbito internacional, la defensa se mantiene activa con 16 casos vigentes de arbitramento de inversión y una atención permanente ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde se gestiona 1.403 asuntos acumulados. El proceso que concentra la mayor proporción de las pretensiones económicas es el caso “Sea Search Armada”, con reclamaciones por $33,8 billones.