Las faltas del gobierno en la reglamentación sobre el uso de la fuerza en protestas

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Pese a que la Corte Suprema de Justicia falló a favor de una tutela que buscaba la protección de los derechos a la protesta, vida, integridad personal, libertad de expresión y debido proceso, en el marco la violencia policial ocurrida durante el paro nacional de 2019, varias organizaciones de derechos humanos consideraron que se evadieron puntos de importancia a la hora de generar una reglamentación efectiva, desde el Gobierno Nacional.

Bajo ese entendido, los tutelantes rechazaron que el Gobierno nacional, a lo largo de las discusiones de la mesa de trabajo, desestimara de plano cualquier posibilidad de que se revisaran las directrices de uso de la fuerza vigentes con fines de reestructuración, como lo ordenó la Corte.

A juicio de los tutelantes, estas directrices resultan insuficientes y permisivas para el abuso de la fuerza por parte de los uniformados, entre las que se encuentran las expedidas por el Director General de la Policía, en donde se establecen pautas generales sobre uso de armas de letalidad reducida y sobre la atención en manifestaciones, respectivamente.

"Estas reglamentaciones, que configuran el marco operacional que posibilitó la brutalidad policial durante el Paro Nacional de 2019 y durante las movilizaciones de 2020, no fueron cuestionadas ni revisadas bajo la negativa férrea del Gobierno, lo cual resulta ser una grave actitud de invisibilización de los hechos de violencia evidenciados por la Corte", dicen en su denuncia.

Del mismo modo, las organizaciones rechazaron que el Gobierno no admitiera la posibilidad de redefinir algunos elementos de importancia para una adecuada prevención de actuaciones arbitrarias por parte de la Policía en atención a manifestaciones.

"En este punto nos referimos a la posibilidad de que la ciudadanía y organismos externos a la Policía revisen las fichas académicas que sirven para la formación y capacitación de los funcionarios de policía, así como la posibilidad de que organizaciones de la sociedad civil tengan participación en los Puestos de Mando Unificado que se convocan con el fin de coordinar la actuación institucional para la conservación del orden público en las manifestaciones sociales", argumentaron.

Las organizaciones añadieron que durante la mesa de trabajo no se llegó a un consenso sobre la necesidad de una regulación clara, estricta y restrictiva del papel de las Fuerzas Militares de manera previa y posterior al desarrollo de manifestaciones, así como también pusieron en evidencia los obstáculos para la inclusión del respeto a la misión periodística, y a la labor de documentación en los casos específicos donde se presentan focos de violencia.

"Si bien quedó incluida una disposición de respeto transversal en las acciones previas, no hubo consenso por parte del Gobierno nacional en la inclusión de este deber de respeto en el artículo de los focos de violencia, a pesar de haber advertido que en este escenario concreto es donde se materializan gran parte de las agresiones a la prensa en las manifestaciones", argumentaron.

Por último, rechazaron que el Gobierno Nacional se opusiera a la inclusión de criterios "ciertos, claros y completos" para limitar la realización de capturas, traslados por protección y traslado para procedimiento policivo durante el desarrollo de manifestaciones, y la posibilidad de que las organizaciones de derechos humanos pudieran ejercer una labor de verificación de la integridad personal de las personas sujetos de estas medidas.

"Estos aspectos, que consideramos centrales para una adecuada regulación del uso de la fuerza en garantía del derecho fundamental a la protesta, resultan ser indispensables para dar cumplimiento integral a las órdenes impartidas por la honorable Corte Suprema de Justicia", dijeron y añadieron que ven con preocupación que esta nueva reglamentación sea una declaración de principios que en lo operativo no modifica sustancialmente ningún aspecto de la actuación de la Policía Nacional en manifestaciones.

"Asimismo, denunciamos que la actitud del Gobierno nacional en lo atinente a su férrea oposición de discutir y debatir estos temas, a la luz de las recomendaciones internacionales y de instancias judiciales, resulta ser una grave restricción del derecho a la participación de las personas y organizaciones que acudieron a la Mesa de Trabajo", precisaron.

A juicio de las organizaciones, la sociedad necesita de manera urgente una regulación del uso de la fuerza en las manifestaciones públicas, que sea compatible con los derechos a la participación en asuntos públicos, la libertad de expresión y la libre circulación de las ideas.