Legislador debe definir sobre el matrimonio igualitario

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Enfática fue la intervención de la viceprocuradora General de la Nación, Martha Isabel Castañeda Curvelo, durante el debate realizado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, para establecer qué han hecho las autoridades frente a la violencia con la población Lgbti.

En su presentación, mostró los logros y avances que desde el Ministerio Público se han tenido en la defensa y protección de los derechos de dichas minorías, como parte del cumplimiento de las funciones misionales.

“Hemos intervenido desde hace más de dos años, con un equipo de trabajo conjunto con la Personería y Defensoría para analizar las estrategias frente a la vulneración de estas personas y hacer cumplir sus derechos”, manifestó la Viceprocuradora.

Adicionalmente, precisó que durante el año 2013 se solicitó en varias ocasiones a la Fiscalía General las bases de datos o matriz donde estuviesen relacionadas las víctimas con la condición de ser de la población Lgbti y tan sólo hasta el mes de febrero del presente año se recibió la información.

Aclaró que en la documentación recibida solo estaba la radicación del proceso y el despacho ante el cual cursaba esa investigación sin más datos, que permitieran deducir que las víctimas si eran personas de esta población y poder acompañarlos.

También indicó que en dicha matriz se relacionaron no más de 6 casos, sobre los cuales, según la Viceprocuradora, siempre se pretendió decir por parte del ente fiscalizador que eran delitos pasionales.

“No estamos de acuerdo con eso, queremos que se tengan investigaciones más profundas para verificar si esos delitos obedecieron a la diferencia en la persona”, enfatizó.

De otra parte, la Procuraduría indicó que durante el debate, se recordó que la entidad intervino en asuntos penales relacionados con personas Lgbti en condición de víctimas y, en muchos casos, se evitó que se archivaran las investigaciones.

Frente al matrimonio igualitario, Castañeda aclaró que “el Procurador General de la Nación tiene un deber ser constitucional estipulado en el artículo 277 de la Constitución, entre esos, velar por el orden jurídico, porque se cumpla la constitución, la Ley y las decisiones judiciales”.

Aclaró que de acuerdo con el artículo 42 de la Constitución, se ha establecido el matrimonio como la libre voluntad de ese hombre y esa mujer de contraer matrimonio, indicando que al respecto la postura de la Procuraduría es jurídica.

De acuerdo con lo anterior, sostuvo que “en el último de los conceptos de la Corte Constitucional (5828 del 27 agosto de 2014) se reiteró, es al legislador a quien le corresponde definir sobre el matrimonio igualitario”.