Lo nuevo que trae el proyecto de ley de vacunas para que privados puedan venderlas

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El senador Miguel Ángel Barreto radicó ayer en la Comisión Séptima del Senado el proyecto de ley 399 de 2021 que permitirá a la empresa privada comprar, comercializar y aplicar vacunas contra el covid-19.

Barreto tiene como objetivo la creación de una política pública que permita a personas naturales y jurídicas trabajar en conjunto con el Gobierno Nacional para la aplicación de las dosis. El funcionario afirmó a Asuntos Legales que “la idea del proyecto es agilizar la inmunización lo más pronto posible. Queremos que los privados puedan hacer parte del plan de vacunación, pero siguiendo las etapas de vacunación decretadas por el Estado”.

Para Julián Torres, abogado del sector Salud, la estrategia que busca el proyecto de ley es viable porque al sector privado le interesa que la economía pueda ser reactivada en su totalidad y solo se puede lograr si la ciudadanía está inmunizada ante el virus. “Existe la posibilidad de que haya una colaboración entre los privados y el Gobierno. Esta alianza contribuiría a salir rápidamente de la crisis que se ha presentado por la pandemia”.

La iniciativa, según el documento, deberá ser articulada al plan nacional de vacunación en un plazo máximo de tres meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley.

Uno de los puntos que plantea esta normativa es la reglamentación de las condiciones logísticas y de infraestructura que deberán cumplir los particulares para la comercialización de las vacunas; además, se deberá establecer un sistema de precios que permita a cualquier ciudadano acceder al servicio, que, teniendo en cuenta la situación, debería ser prioritario.
Barreto, respecto a este punto, dijo que la razón del proyecto no es la financiación de las empresas para adquirir las dosis, sino la reglamentación para comercializar las vacunas sin que haya sobrecostos en la aplicación del servicio.

“Nosotros le reconocemos al presidente Iván Duque el desarrollo del plan de vacunación y por eso queremos que este proyecto sea puesto en funcionamiento de manera urgente para llegar a la inmunidad en el menor tiempo posible y generalizar la inmunización”, dijo el funcionario.

Adicionalmente, el proyecto quiere que haya un plan de acción por parte del Gobierno Nacional para identificar posibles falsificaciones y/o adulteraciones de la vacuna contra el covid-19 por parte de los particulares que entren en el proceso de comercialización. El documento establece que es necesario “establecer duras penas para quienes falsifiquen o adulteren los biológicos”.

Con relación a las sanciones, el proyecto de ley establece que el Gobierno Nacional determinará las penas según considere.

La ejecución de una base de datos con un proceso constante de actualización para evitar repetición de vacunas entre el Gobierno y los particulares es otros de los puntos claves del proyecto de ley que fue radicado el día de ayer, pues esto último permitirá la organización.

Finalmente, la iniciativa de Barreto buscará fomentar un plan de acción para impedir que se dé la práctica de reventa de vacunas. Torres aseguró que la regulación debe imponer una lupa de control más estricta en la importación y la compra de las dosis.

“Todavía no sabemos cuál es el presupuesto destinado para la compra de las vacunas. Es necesario hacer un reporte de cuántas están entrando al país y bajo qué parámetros. La región suramericana tiene países que fueron vacunados mucho antes que Colombia y es necesario revisar este fenómeno.

Existe un vacío de vigilancia por parte de los entes de control”. En cuanto a si Colombia podría ser un productor de dosis contra el covid-19, Barreto aseguró que el proyecto de ley, si bien no habla explícitamente la producción nacional, sí podría apoyar una eventual producción nacional. Sin embargo, en contra parte, Beltrán dijo que la producción de vacunas está a “años luz”, porque el país no cuenta con los procesos científicos.