Lo que sigue en la investigación luego de la decisión del Consejo Nacional Electoral

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Después de varios meses de espera, la sala plena del Consejo Nacional Electoral, CNE, decidió, con una votación de siete contra dos, abrir una investigación formal contra la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 por presuntas irregularidades en las cuentas.

El 8 de octubre, el tribunal electoral determinó imputar a los responsables de la campaña, incluyendo a Gustavo Petro, el gerente Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, y a las tesoreras María Lucy Soto Caro y Lucy Mogollón, así como al auditor Juan Carlos Lemus Gómez.

La ponencia, presentada por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, señalaba posibles irregularidades relacionadas con donaciones no reportadas y el pago a testigos, lo que sugiere una superación de los límites de gasto establecidos para la campaña, por un monto de $28.500 millones en la primera vuelta y $13.300 millones en la segunda. Con la decisión del CNE, se formaliza la investigación.

¿Qué viene ahora?

El siguiente paso en el proceso implica notificar a los involucrados, incluyendo al presidente, quienes tendrán 15 días para responder a los cargos, momento en el que podrán ejercer una primera defensa y solicitar pruebas. Posteriormente, habrá un periodo probatorio de 60 días, seguido de alegatos de conclusión.

Esta es la segunda vez que el CNE abre una investigación formal a una campaña presidencial por exceder los topes, siendo la primera el caso de Ernesto Samper, aunque este fue anulado posteriormente por el Consejo de Estado.

También, hubo indagaciones en las campañas de Juan Manuel Santos e Iván Duque, que fueron desechadas por el CNE. El debate actual gira en torno a hasta dónde puede llegar el CNE en el caso contra Petro, dado que un concepto del Consejo de Estado sugiere que, si se pide la pérdida del cargo, el caso debe remitirse a la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

Petro denunció que este proceso es parte de un "golpe blando" en su contra, afirmando que no se llevará a cabo mediante violencia física, sino a través de acciones legales y administrativas. En caso de que el caso avance, las sanciones podrían incluir desde multas a los involucrados hasta la posible pérdida del cargo, aunque esta última medida no corresponde al CNE, sino a una autoridad judicial.

Además, se prevén sanciones económicas y la posibilidad de que partidos pierdan financiación estatal y el derecho a postular candidatos en futuras elecciones, conforme a la ley 1475. Con el inicio de la recolección de pruebas y declaraciones de testigos, se abre un periodo crucial que podría determinar el futuro político del presidente Petro.