Los cinco escándalos que ha tenido que afrontar la Jurisdicción Especial para la Paz

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Debido al manejo de los temas que le competen, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se ha tenido que enfrentar a varios desafíos que ponen en riesgo su funcionamiento y el papel fundamental que cumple en la implementación de los acuerdos de paz.

El primer caso fue el de Jesús Santrich. Según la Corte Constitucional, esta jurisdicción se tomó atribuciones que no le correspondían e impidió la extradición de Santrich, por su supuesta participación en delitos de narcotráfico después de la firma del acuerdo de paz. Ante esta situación, el máximo órgano constitucional declaró inexequibles sus atribuciones, pero le remitió la competencia para esclarecer la fecha en la cual se cometieron los hechos.

El segundo obstáculo para la JEP es la investigación que anunció el fiscal general Néstor Humberto Martínez, en mayo de este año. Martínez dijo que la investigación inició por las presuntas irregularidades en algunos contratos de la Jurisdicción. El expresidente, Juan Manuel Santos, salió en defensa de la JEP y dijo que “no hay señalamiento por falta de transparencia en la ejecución de recursos donados para la paz”. Sin embargo, la Fiscalía continuó sus investigaciones y el Gobierno creó una unidad de revisión presupuestal en la Contraloría para vigilar los recursos de organismos internacionales para el desarrollo de la paz.

Los últimos dos pronunciamientos de la Fiscalía frente a la JEP han preocupado a varios sectores. El fiscal general anunció que el ente acusador está investigando a la funcionaria Martha Zamora por un supuesto favorecimiento indebido a guerrilleros de las Farc. La funcionaria será citada a audiencia de imputación de cargos el próximo 16 de octubre, junto a otros funcionarios de la entidad. En el desarrollo de esta investigación, la Fiscalía remitió a uno de sus funcionarios para que accediera al expediente 001 de la Jurisdicción, lo cual llevó a una radical reacción de la presidenta de la JEP, Patricia Linares, quien dijo que “la Fiscalía se llevó ese expediente sin permiso”.

Para Antonio Sanguino, senador de Alianza Verde, esto fue un claro “choque de trenes entre la Fiscalía y la JEP, motivado por las actitudes hostiles del ente investigador. Algo que no es bueno para el proceso ni para las víctimas”. Temístocles Ortega, senador de Cambio Radical dijo que “es preocupante para el país que no exista armonía entre estos dos organismos”.

El quinto problema es la sanción presidencial de la ley estatutaria y las demandas contra la Ley 1922. Juan Carlos Ospina, demandante y miembro de la Comisión Colombiana Juristas dijo que “demandamos porque en los últimos dos debates, el Centro Democrático metió cuatro micos en la Ley 1922 y quieren dividir la jurisdicción afectando el sistema de verdad y no repetición”.

Antecedentes
El fiscal encargado de la investigación de Martha Lucía Zamora emitió una orden para acceder al expediente 001 de dicha jurisdicción. Sin embargo, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, reprochó las actuaciones de la Fiscalía y mencionó una “indebida intromisión” que generó el ente investigador con sus actuaciones. Ante este reclamo, el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, desestimó la orden al fiscal y revocó la decisión de su funcionario. El presidente Iván Duque dijo que “la Fiscalía debe corregir las fallas de la JEP”.