Los cultivos ilícitos en el país aumentaron hasta 300.000 hectáreas el año pasado
En cuanto a la Paz Total, indicaron que las implementaciones podrían ser tomadas por los grupos ilegales como señales de baja presión
07 de febrero de 2026Contenido
El Consejo de Generales en Retiro del Ejército Nacional, Cgren, por medio de su Comité de Estrategia y Políticas Públicas para la Seguridad y Defensa Nacional, presentó un informe donde se revisan las decisiones estratégicas que ha tomado el Estado colombiano.
El documento analiza el fortalecimiento del narcotráfico y el crecimiento de las organizaciones armadas ilegales, esto en el contexto de la denominada Paz Total, “entendiendo este fenómeno como un sistema adaptativo criminal que impacta directamente la seguridad nacional, el control territorial y las relaciones internacionales del país”, señala el texto.
Allí indicaron que el aumento de los cultivos de coca y el fortalecimiento que han tenido los grupos armados ilegales no serían fenómenos independientes, sino que estos son parte de un sistema donde cuando uno crece, el otro también lo haría.
Señalaron que desde 2014 se ha visto un crecimiento simultáneo y proporcional de ambos, mientras que entre 2000 y 2013 se vio que la presión del Gobierno llevó a reducir los cultivos y las estructuras criminales.
También mencionaron que la suspensión de la aspersión aérea y el énfasis en la erradicación voluntaria coincidieron con un repunte de los cultivos de coca, los cuales en 2014 se encontraban en 48.000 hectáreas y para 2025 pasaron a ser cerca de 300.000 hectáreas, lo que se traduce en un aumento de 625% en los últimos 11 años.
En el documento agregaron que otro dato a tener en cuenta era que entre 2022 y 2023 los cultivos habían crecido cerca de 10%, pero la producción potencial de cocaína había aumentado más de 50%, con lo cual se superaban las 2.600 toneladas anuales. De esta manera advirtieron que el negocio se había tecnificado y se había acercado a los centros poblados, por lo que más de 200.000 hectáreas estaban a menos de 12 kilómetros de cascos urbanos, con lo cual se reforzaba el hecho del control territorial y social de los grupos criminales.
En cuanto a la Paz Total, indicaron que implementaciones como las mesas de diálogo, los ceses al fuego y la reducción de operaciones ofensivas, podrían ser tomadas por los grupos ilegales como señales de baja presión. Lo cual ha permitido que estos puedan reorganizarse, expandirse y consolidarse en el control territorial, sobretodo en zonas estratégicas como Catatumbo, Nariño, Cauca y Putumayo.
De igual manera, señalaron que había una reducción del margen operativo del Estado frente a las organizaciones criminales, esto por factores como las restricciones presupuestales, desgaste de la Fuerza Pública, presión judicial sobre mandos y cuestionamientos políticos al uso de la fuerza. Esto generaría un reequilibrio desfavorable en corredores del narcotráfico y zonas de frontera.
De igual manera, el informe concluyó que el narcotráfico dejó de ser un problema interno, por lo que se convirtió en un fenómeno binacional y regional, esto especialmente por la convergencia de grupos colombianos y venezolanos en la frontera entre los dos países, lo que llevaría a que se eleven riesgos diplomáticos y de seguridad para los dos países.
Antecedentes
En el informe señalaron que el fortalecimiento que ha tenido el narcotráfico ha desatado consecuencias diplomáticas y legales. Como muestra de esto sería los riesgos que hubo con la descertificación de Estados Unidos con Colombia debido a que se incumplieron compromisos en la lucha antidroga, redujo la cooperación y se endureció el discurso. Lo cual, de acuerdo con el estudio, llevaría a que haya un mayor aislamiento internacional en materia de seguridad y en la lucha contra las drogas.