Los cultivos ilícitos, más allá del proceso de paz
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Las conversaciones de paz en La Habana (Cuba), están cerca de cumplir un año, en el que sólo se ha avanzado en los dos primeros puntos de la agenda definida en el Acuerdo General.
Sin embargo, la realización del Foro Nacional sobre la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, muestra que la mesa de negociaciones se está acercando a esta discusión.
El caso de las drogas ilícitas es fundamental en la discusión de la paz porque su dinámica ha atravesado las esferas del conflicto armado durante los últimos 30 años. Desde la siembra y recolección de cultivos, pasando por la producción y comercialización de narcóticos, hasta su consumo.
A pesar de que las guerrillas surgieron en Colombia en los años 60, cuando aún no era común el tráfico de drogas, las bonanzas ‘marimbera’ en los 70 y ‘cocalera’ en los 80 hicieron que estos grupos se fueran involucrando.
El tema se volvió la principal fuente de financiamiento de los grupos, al punto de que, según cifras del Ministerio de Defensa en 2012, las Farc reciben entre $2.400 y $3.500 millones de pesos anuales por el tráfico de coca.
Ésta es la importancia de discutir el tema con la guerrilla y aunque, como lo dijo el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, “el proceso no va a resolver el problema del crimen organizado, sí puede contribuir a reducir radicalmente su expresión territorial”.
Una de las razones por las que existen y permanecen los cultivos de uso ilícito es la desigualdad social. De acuerdo con Adam Isacson, representante de la Oficina de Washington para América Latina (Wola, por sus siglas en inglés), la existencia de estos cultivos muestra la ausencia del Estado.
Para él, así se firme un acuerdo de paz con las Farc, “no será posible terminar con los cultivos de uso ilícito, a menos que se implementen políticas sociales para el campo colombiano”. En este sentido, la erradicación por sí sola no es suficiente, porque lo único que genera es el desplazamiento de los campesinos hacia zonas donde pueden continuar sembrando con mayor tranquilidad. Para resolver el problema de los, el Estado tiene que hacer mayor presencia en las regiones donde éstos prosperan.
Esta presencia no solo debe estar representada en diferentes formas: 1. La Fuerza Pública debe garantizar que los narcotraficantes no presionen a los campesinos para que vuelvan a sembrar este tipo de cultivos. 2. El sistema educativo debe formar a los campesinos para que conozcan la forma de sembrar y sostener cultivos legítimos. 3. El Estado debe proveer infraestructura de salud y comunicaciones para que los campesinos puedan comercializar el producto de sus cosechas.
Por su parte, Kathryn Ledebur, directora de la Red Andina de Información, afirma que la mejor forma de erradicar los cultivos de uso ilícito es a través de un proceso concertado con los mismos campesinos. Según ella, este proceso consistiría en brindar un acompañamiento que permita a los campesinos seguir sembrando coca y marihuana, mientras van levantando cultivos de uso legítimo. Agregó que, de esta forma “no se vulnera el derecho al sustento de los campesinos.