Los efectos del embargo a las cuentas de Integral S.A., uno de los contratistas de Hidroituango

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La decisión de la Contraloría General de la Nación de embargar las cuentas y bienes inmuebles de Integral S.A., uno de los contratistas de la central hidroeléctrica más grande del país, Hidroituango, no solo representa un frenazo para el proyecto de Empresas Públicas de Medellín (EPM), sino también una enorme piedra en el zapato para la generación eléctrica a nivel nacional en 2022. (Ver auto adjunto al final de la nota)

Aunque la Contraloría justificó la medida cautelar de embargo afirmando en un auto que Integral S.A. es “presunto responsable titular de la cuenta por supuesto detrimento patrimonial de $4 billones en el caso Hidroituango”, las implicaciones o daños colaterales son de gran impacto.

El primero de ellos es que al tener las cuentas congeladas, el proyecto se queda sin recursos y sin Hidroituango en marcha, cuyas obras ya tenían más de 80% de avance, la posibilidad de que se cumpla con la entrega de 17% de generación eléctrica a nivel nacional para 2022-2023 es más que lejana.

Si esto no se logra, analistas consultados explicaron que, en el peor panorama, Colombia tendría que importar energía de mercados como Ecuador.

Un tercer efecto colateral que deja el congelamiento del dinero para la obra de EPM, es si Conconcreto, también contratista de Hidroituango, se verá impedido a futuro para mover su dinero en otros proyectos de construcción que mantiene en marcha. Conconcreto es una de las empresas que, junto con Camargo Correa y Coninsa Ramón H., forman parte del Consorcio CCC Ituango, grupo que tras conocerse el auto de la Contraloría contra Integral emitió un comunicado (adjunto al final de la nota) asegurando que las compañías que lo integran no han recibido ninguna comunicación de la Contraloría ni de sus proveedores financieros sobre imposición de embargos a sus cuentas.

“Durante el trámite del proceso de responsabilidad fiscal hemos aportado toda la información necesaria para aclarar las imputaciones planteadas por la Contraloría y demostrar que en la ejecución de las obras civiles a nuestro cargo, siempre hemos actuado de buena fe, de forma diligente y acorde con las buenas prácticas de la ingeniería, cumpliendo con los diseños e instrucciones suministrados por EPM”, informaron.

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La preocupación por los recursos de los contratistas es latente pues además de Integral, Consorcio CCC Ituango, Consorcio Túneles Ituango y Consorcio Ingetec-Sedic están señalados como “presuntos responsables fiscales”. La incertidumbre es por un eventual embargo fiscal a los demás contratistas y personas naturales que arrancó por Integral.

Asuntos Legales dialogó con varias fuentes jurídicas que explicaron que esta investigación podría haberse dado sin hacer el embargo de las cuentas, y explicaron además que para revertir este congelamiento de los recursos una de las opciones es solicitar el levantamiento de los embargos con una caución, pero para eso los embargados tendrían que solicitar una nueva póliza de seguro, algo complejo a estas alturas del caso.

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Pese al complejo panorama, el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, ayer dio una rueda de prensa para tratar de dar un parte de tranquilidad (ver el comunicado adjunto al final de la nota), asegurando tres cosas: que respetaban la decisión tomada por la Contraloría, que aclaraban que EPM no hace parte de la revisoría fiscal ni tiene cuentas embargadas, y que hay planes de continuidad de la obra.

Sin embargo, también anunció que se reunirían con el Gobierno Nacional para hablar del tema, lo que infiere la complejidad del tema y su impacto para el país.

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Asuntos Legales consultó varias dudas que surgen de este caso con expertos del sector legal y esto fue lo que explicaron.

¿En qué puede derivar el auto?

Diego Márquez, socio de Del Hierro Abogados, aseguró que el auto no es sinónimo de culpabilidad dentro del desarrollo del proyecto. “Es simplemente una medida cautelar que toma la Contraloría para hacer su análisis de responsabilidades fiscales; dicha responsabilidad implica que cuando hay un eventual daño al patrimonio público. Este bloqueo de recursos de la Contraloría se hace con el fin de recuperar los recursos que puedan verse afectados en este proceso”.

Juan David Beltrán, abogado especialista en Derecho Administrativo, afirmó que el ente de control adelanta un proceso de responsabilidad fiscal enmarcado en la Ley 610 de 2000. Para Beltrán, el proceso sí puede devenir en un fallo de responsabilidad contra las personas naturales y jurídicas que diseñaron y han ejecutado el proceso, “aunque es pertinente dejar claro que hasta el momento la Contraloría solo ha embargado las cuentas bancarias del responsable del diseño del proyecto Integral”, añadió.

¿Se altera el proyecto?

El mismo gerente de EPM dijo que los contratistas y la empresa tienen la intención de seguir con el proyecto mientras la Contraloría ejecuta la revisoría fiscal. “EPM, por ejemplo, ha mostrado un fuerte compromiso de seguir con la construcción”, dijo Beltrán. Por su parte, Márquez advirtió que la decisión de la Contraloría “no debería ser un obstáculo para que el proyecto pueda seguir con su ejecución”.

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¿Qué pasa con las pólizas?
Márquez aseguró que la responsabilidad en estos casos fiscales es de índole personal, lo que significa que se investiga la actuación de cada una de las personas relacionadas con los recursos públicos. “En estos casos los seguros están más al margen. Se cobren o no se cobren los seguros, se trata de un asunto marginal porque lo verdaderamente importante en la investigación en ver cómo se han manejado los recursos públicos relacionados al proyecto investigado”, señaló el experto.

Sobre este tema, Beltrán dijo que teniendo en cuenta la Ley 610, las cuentas embargadas hacen parte de un proceso de medida cautelar, razón por la que “hasta tanto no exista certeza del alcance de las pólizas, la decisión de la Contraloría es acertada”.