Los entes de control ponen el acelerador en las investigaciones sobre el proyecto Hidroituango

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Hace exactamente un mes se desató una tormenta política cuando Empresas Públicas de Medellín (EPM) interpuso una solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría delegada para Asuntos Administrativos contra los consorcios involucrados en la construcción del proyecto Hidroituango, por $9,9 billones.

Luego de que se filtrara un informe de causa raíz, en el que se dice que la causa del colapso del túnel fue “una combinación de problemas no resueltos entre diseños, supervisión y construcción, que hicieron la parte del túnel que colapsó particularmente vulnerable a las condiciones hidráulicas”, la Fiscalía citó a declaración jurada al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y al actual gerente de EPM, Álvaro Rendón, en el marco de una de las tres líneas de investigación que manejan sobre Hidroituango. Sin embargo, no se aclaró en el marco de cuál de las líneas se citó a los funcionarios.

Tras el anunció de la Fiscalía, el alcalde Quintero se dirigió al búnker en Bogotá para entregar “el documento que estuvo oculto desde agosto de 2019, siendo alcalde Federico Gutiérrez, y que cuenta la verdad sobre lo que pasó en Hidroituango, en especial, que los responsables fueron constructores, diseñadores e interventores del proyecto, un documento que fue ocultado por interesados en que no se conociera la verdad y que no se demandara a los contratistas”.

Además, la Procuraduría General de la Nación (PGN) admitió la solicitud de conciliación, por lo que citó a las partes a una primera audiencia, que tendrá lugar el próximo 21 de octubre a las 9:00 a.m. de manera virtual. El ente de control tiene cinco meses para adelantarla. Si se llega a un acuerdo, este debe ser sometido a aprobación judicial y, en caso contrario, EPM deberá presentar la demanda ante jueces administrativos.

La actuación de la Procuraduría en el caso de Hidroituango, sin embargo, va más allá de la conciliación antes mencionada.

En septiembre de 2018, a raíz de la contingencia que se presentó el ente de control abrió una investigación disciplinaria por “presuntas irregularidades en el proyecto Hidroituango; las modificaciones de la licencia ambiental del mismo; su control y vigilancia que han podido incidir en la contingencia social, económica y ambiental existente a la fecha de apertura de esta actuación disciplinaria y en la gestión, manejo y control de esta”.

La indagación vincula a 25 personas, entre los que destacan: dos directores de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Claudia González y Rodrigo Suárez; los exgobernadores de Antioquia Sergio Fajardo y Luis Pérez; tres exgerentes de EPM, Juan Esteban Calle, Federico Restrepo y Jorge Londoño; y dos exalcaldes de Medellín, Aníbal Gaviria y Federico Gutiérrez.
Los términos de esa actuación estaban suspendidos por la pandemia; sin embargo, el pasado 8 de septiembre el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas adicionales.

A EPM se le solicitan, entre otros, todas las actas de junta directiva desde enero 2019 y los documentos allegados por parte de aseguradoras y reaseguradoras, mientras que a Mapfre se le pidió un informe del estado actual de las pólizas del proyecto, reconocimientos y negaciones de reclamaciones y pagos por ese concepto.

A la Alcaldía de Medellín se le solicita, entre otras, “partes pertinentes del manual de funciones vigente de Quintero en su calidad de alcalde de la ciudad”. El mandatario será citado a rendir declaración jurada sobre los hechos objeto de investigación, al igual que el actual gerente de EPM, Álvaro Rendón.
Actuación de la Contraloría

La Procuraduría y la Fiscalía no son las únicas que han tomado cartas en lo sucedido con Hidroituango, pues cabe recordar que, en noviembre de 2019, la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra 34 presuntos responsables por fallas en planeación y ejecución del proyecto. Además, se vinculó como terceros civilmente responsables a Mapfre Seguros Generales y Seguros Generales Suramericana.

La cuantía del daño fiscal se estimó en $4 billones, de los cuales $2,9 billones son por concepto de destrucción del valor de la inversión por mayores valores injustificados; y $1,1 billones por lucro cesante.

Entre los vinculados en ese momento estaban: Federico Restrepo, Juan Esteban Calle, Jorge Londoño, Alonso Salazar, Aníbal Gaviria, Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos.

“Quienes hayan tomado mal las decisiones, que lo paguen (...) En la versión de cada uno de ellos veremos qué responsabilidad habrá cumplido cada uno de ellos o no”, dijo el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, en ese momento.
Hoy, casi un año después de que iniciara esa investigación, se han practicado 18 versiones libres de las 34. Todas las empresas involucradas en el proceso (ver gráfico) ya rindieron su versión libre, como ya lo hicieron también Sergio Fajardo, Luis Alfredo Ramos y Jorge Londoño.

El ente de control, sin embargo, advirtió que de las personas vinculadas “ocho han pedido aplazamiento, casi todas alegando la imposibilidad de acceder a pruebas necesarias para su defensa por la contingencia y la cuarentena por el covid-19”, por lo que “para la semana del 8 al 15 de septiembre, se encuentran programadas las ocho que solicitaron aplazamiento, dos de quienes no asistieron a la fecha anterior, y (...) se fijó fecha y hora para la práctica de versión libre de los últimos cinco presuntos que quedaban pendientes por notificar”.

Así, entre quienes rendirán versión libre ante la Contraloría esta semana están: Federico Restrepo, Juan Esteban Calle y Fabio Alonso Salazar.

Sobre el gobernador Aníbal Gaviria, actualmente en prisión domiciliaria, el ente adelanta gestiones con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para que este indique cómo será el procedimiento para practicar la versión libre.