Los partidos que no quieren perder los socios de Millonarios Fútbol Club
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Millonarios Fútbol Club, tiene 14% de sus acciones rodando dentro del Caso Interbolsa. Todas estarían, en este momento, en cabeza de Álvaro José Isaza, el presidente de Asesoría e Inversiones S.A., y quien fuera conocido como el ‘eslabón perdido del fraude de Fabricato’, de acuerdo con dos fuentes cercanas al caso.
Aunque dichas acciones deberían hacer parte de los activos para indemnizar a las víctimas de los accionistas de Interbolsa Alessandro Corridori, el mayor inversionista, y Juan Carlos Ortíz, todo parece indicar que a estos títulos les resultó otro interesado: un fondo de inversión uruguayo que estaría detrás de la compra de las acciones del equipo de fútbol de la capital para hacer ‘la retoma de Millonarios’. Ese nombre sería el que se le dio a la movida que tiene como líder a Ortiz y otros implicados.
Según las fuentes consultadas, todos estarían detrás de la firma foránea.
Frente a esto, Alejandro Revollo, representante de las acciones de Ortiz, dijo que “hay muchas especulaciones alrededor del tema y que no hay ninguna negociación, solo una oferta que hizo Javier Aguirre, exasesor de Interbolsa”.
Revollo explicó que el requisito que ha establecido para la venta de los títulos son: condiciones éticas y de mercado para que quien los adquiera pueda ingresar al club deportivo sin ningún inconveniente de ley.
Hasta donde conoció LR, en la Superintendencia de Sociedades, no hay registro de ninguna negociación, lo que prueba lo explicado por Revollo.
¿Cómo llegó Isaza a acumular tal porcentaje accionario de los ‘azules’? De acuerdo a la información que recibió LR, Corridori le habría transferido en 2012, 10% de las mismas a quien fuera la cabeza de Asesoría e Inversiones S.A. El restante 4%, le llegó a través de Ortiz, quien se las habría adjudicado de manera fraudulenta y quien se hizo a ellas en el pasado por medio de sociedades fantasmas y testaferros, indicaron las dos fuentes.
Sanciones de Supersociedades
Luis Guillermo Vélez, superintendente de Sociedades, declaró ayer la inhabilidad para cualquier acto de comercio a siete personas naturales salpicadas con el caso Interbolsa.
Supersociedades estableció la pena máxima de 10 años de inhabilidad en cinco de las siete sanciones: Rodrigo de Jesús Jaramillo, Tomas Jaramillo, Juan Carlos Ortiz, Víctor Benjamín Maldonado y Alessandro Corridori, todos accionistas directos e indirectos de la comisionista. Tendrán una década para dedicarse a otras actividades diferentes a las relacionadas con el comercio.
Ruth Upegui y Jorge Arabia, ambos exrepresentantes legales de Interbolsa, recibieron sanciones menores; y asumirán dos años y cuatro años respectivamente. Los mencionados quedaron impedidos para: adquirir bienes con propósitos comerciales, recibir dinero para darlo en préstamo, girar y negociar títulos valores y constituir empresas de seguros, entre otros.
Las sanciones se aplicaron de manera individual y considerando la culpabilidad de cada uno de los implicados en uno de los desfalcos más graves registrados en Colombia.
El superintendente Vélez explicó, que contra la decisión del órgano público, no procede recurso alguno, ya que es un incidente procesal dentro del proceso de liquidaciones de única instancia y no tiene recurso de apelación.
El funcionario también dijo que inhabilitar por 10 años a una persona es la sanción mas dura posible que se puede imponer en este tipo de casos. “La inhabilidad es el castigo más severo para un comerciante”.
Finalmente señaló que el proceso de Interbolsa esta muy avanzado y que además de los dineros que ya se han retornado a las víctimas, hay otros recursos cuantiosos que serán distribuidos en los próximos dos meses.
Corridori y su demanda
Uno de los mayores inversionistas e implicados en el caso de Interbolsa, Alessandro Corridori, radicó una millonaria demanda en contra de la Nación por un crédito de $116 millones que supuestamente tuvo que pagar de su bolsillo en el momento de la intervención a la Comisionista.
La acción judicial en la que Corridori reclama esa suma de dinero fue radicada ante la Procuraduría Delegada la para la Conciliación Administrativa, asegurando que la Superintendencia de Sociedades cometió irregularidades a la hora de liquidar firmas adscritas a Interbolsa. Dijo que en su caso hubo una vulneración al debido proceso y otras irregularidades.
La opinión
Luis Guillermo Vélez
Superintendente de Sociedades
“Contra la decisión de las sanciones tomada por la Superintendencia de Sociedades, no procede recurso alguno, ya que es un incidente procesal dentro del proceso de liquidaciones de única instancia y no tiene recurso de apelación”.