Los procesos por el atentado del centro comercial Andino podrían prescribir
Las víctimas advierten sobre el riesgo de prescripción de las dos actuaciones penales en curso debido a la demora
18 de junio de 2026Contenido
Nueve años después del atentado con un artefacto explosivo ocurrido en el centro comercial Andino de Bogotá, las víctimas y sus representantes legales informaron sobre la posibilidad de que las acciones penales expiren por el cumplimiento de los términos legales sin que se haya dictado una sentencia en firme.
El hecho bajo investigación se registró el 17 de junio de 2017 en las instalaciones sanitarias del segundo piso del establecimiento comercial, ubicado en la localidad de Chapinero.
La detonación provocó el fallecimiento de tres mujeres y ocasionó lesiones a más de diez personas que se encontraban en el lugar. La situación se presentó en la tarde de un día de alta afluencia de público debido a la proximidad de una celebración nacional, lo que requirió la intervención inmediata de los organismos de emergencia y motivó el incremento de los controles de seguridad en diferentes puntos de la ciudad.
En el ámbito administrativo y legal, el proceso judicial se divide actualmente en dos actuaciones principales conducidas por la Fiscalía General de la Nación. La primera de ellas se tramita ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá y se encuentra en la etapa de juicio oral, vinculada al otorgamiento de un principio de oportunidad para uno de los procesados a cambio de información.
La segunda línea de investigación penal corresponde a las indagaciones complementarias orientadas a determinar la presunta responsabilidad de otros integrantes de la organización señalada por las autoridades. Los defensores de las víctimas señalan que la proximidad del plazo de prescripción genera el riesgo de que finalice la competencia judicial para sancionar las conductas punibles imputadas.
Los apoderados de la parte civil compartieron la necesidad de acelerar el desarrollo de las audiencias programadas para evitar la parálisis definitiva de los expedientes por vencimiento de términos.
El estado actual de los procesos mantiene en espera la resolución jurídica sobre las responsabilidades individuales y el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon la afectación a los derechos de los afectados.