Los puntos débiles de las estrategias de seguridad que proponen los candidatos presidenciales
Fundación Ideas para la Paz analizó los programas de gobierno de los principales candidatos presidenciales y encontró las limitaciones de viabilidad
26 de mayo de 2026Contenido
La seguridad ocupa un lugar central en el debate político actual en Colombia, en un escenario donde el próximo mandatario recibirá un territorio con dinámicas complejas de violencia organizada. De acuerdo con el monitoreo de la Fundación Ideas para la Paz, el país registra más de 27.000 integrantes de grupos armados con presencia en cerca de 600 municipios, sumado a un incremento en indicadores humanitarios como el desplazamiento, el confinamiento y el secuestro.
Frente a este panorama, las plataformas de los cinco candidatos que lideran las encuestas exponen visiones diversas, aunque comparten interrogantes y vacíos comunes sobre su viabilidad financiera y operativa en un contexto de alto déficit fiscal.
Iván Cepeda
En su programa de gobierno, Cepeda plantea que la seguridad no puede fundamentarse exclusivamente en la coerción, vinculando el origen del conflicto con la exclusión social y la debilidad institucional en la periferia.
Su programa prioriza la seguridad humana, la transformación de los territorios y el fortalecimiento de la inteligencia financiera contra la macrocorrupción y el lavado de activos. Las principales dudas alrededor de su enfoque giran en torno a la continuidad de la estrategia de paz total sin una revisión profunda de sus fallas previas, así como a la procedencia de los recursos necesarios para financiar sus programas en medio de las restricciones presupuestarias actuales.
Abelardo de la Espriella
De La Espriella fundamenta su estrategia en una ruptura con los enfoques tradicionales, en donde promueve una ofensiva contra el narcotráfico, la reanudación de la fumigación aérea, la aplicación de la extinción de dominio exprés y la construcción de infraestructura carcelaria de alta seguridad.
El análisis de la Fundación Ideas para la Paz, señala que este modelo carece de mecanismos de gradualidad y salvaguardas democráticas claras, además de basarse en plazos de ejecución de 90 días que contrastan con las capacidades reales del Estado. Además, se detecta la persistencia de inconsistencias financieras al proponer una reducción de impuestos en simultáneo con una expansión considerable del gasto operativo en seguridad.
Paloma Valencia
La candidatura de Valencia se enfoca en la recuperación del control territorial a través del fortalecimiento de la Fuerza Pública, con la meta de incorporar 60.000 nuevos uniformados y elevar el gasto en defensa hacia un nivel cercano a 4% del producto interno bruto.
Si bien su programa incluye iniciativas sólidas para robustecer el sistema judicial y combatir la extorsión carcelaria, tiende a interpretar la debilidad estatal primordialmente como una falta de firmeza coercitiva. Este plan también sugiere retomar esquemas de cooperación internacional similares al Plan Colombia, omitiendo las transformaciones en la política exterior de los países cooperantes, y deja dudas sobre la implementación de su modelo de sustitución forzosa de cultivos.
Sergio Fajardo
El candidato electoral Fajardo presenta en su plan de gobierno el denominado Plan Guardián, el cual busca articular el control territorial con el combate a las economías ilícitas a partir de un diagnóstico descentralizado de la violencia.
La propuesta identifica la extorsión como una forma de gobernanza criminal y otorga un papel relevante a los mandatarios locales en el diseño de las estrategias regionales de seguridad. Pese a contar con un desarrollo conceptual detallado que reconoce la heterogeneidad de las amenazas en las fronteras y los corredores críticos, el programa no define con precisión los criterios de priorización de recursos ni detalla las fuentes de financiación para sus planes de infraestructura penitenciaria y modernización tecnológica.
Claudia López
La plataforma de Claudia López aborda la problemática desde una perspectiva de reforma estructural del Estado, argumentando que el deterioro de la seguridad pública deriva de la desarticulación institucional y la lentitud del sistema judicial.
Su propuesta central se orienta a reorganizar el aparato estatal mediante la creación de un Ministerio de Justicia y Seguridad Ciudadana y una Fiscalía Antimafia. La principal tensión de este enfoque radica en la brecha temporal entre el diseño de reformas de mediano plazo y la necesidad de responder de forma inmediata a la expansión territorial de las organizaciones criminales en las regiones más afectadas.
¿Las propuestas son viables?
Más allá de las diferencias ideológicas, fuentes públicas concluyen que las propuestas analizadas adolecen de vacíos comunes en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, se observa una falta de criterios claros de priorización para determinar qué zonas o estructuras criminales deben ser intervenidas inicialmente ante la imposibilidad de actuar en todo el territorio simultáneamente. En segundo lugar, los programas omiten explicar su teoría de cambio, es decir, el mecanismo exacto mediante el cual el aumento de uniformados, tecnologías o cupos carcelarios se traduce de manera efectiva en la reducción del daño y del control social ejercido por los grupos ilegales.
La sostenibilidad presupuestaria constituye el límite más crítico para la ejecución de cualquiera de las agendas planteadas. El presupuesto nacional enfrenta un faltante de financiación y un déficit fiscal elevado que obligarán a la próxima administración a administrar los recursos de forma restrictiva.
Los análisis concluyen que las ofertas electorales que prometen expandir el aparato militar, edificar centros penitenciarios o implementar programas sociales masivos sin especificar sus fuentes de financiamiento corren el riesgo de resultar inviables en la práctica, por lo que el verdadero desafío consistirá en optimizar de manera estratégica las capacidades estatales existentes.