Más de 15.000 quejas sin atender motivaron la suspensión de Supersalud
La medida obedece a que el aval para la operación fue otorgado sin que Medimás estuviera preparada.
19 de octubre de 2017Contenido
La Procuraduría General de la Nación suspendió de manera provisional, por tres meses, al superintendente nacional de Salud, Norman Julio Muñoz Muñoz, “por permitir y/o autorizar el inicio de operaciones a Medimás EPS”.
Así lo señala el Ministerio Público en un comunicado de prensa y agrega que la medida obedece a que el aval para la operación fue otorgado sin que la EPS contara con una red de prestadores de servicio a nivel nacional.
La entidad cuestiona el que el superintendente de Salud no hubiera iniciado procedimientos contra la EPS a pesar de las reiteradas denuncias que sobre incumplimiento se propusieron en contra de Medimás.
En criterio de la Procuraduría, dichos reclamos “hubieran podido dar lugar a la intervención forzosa administrativa, toma de posesión, revocatoria o suspensión del certificado de autorización o de habilitación de funcionamiento”.
Al sustentar la suspensión de Muñoz Muñoz, la entidad de control manifiesta que con dicha medida se quiere evitar que el Superintendente en el ejercicio de su cargo “siga reiterando la falta”.
“La medida (...) cobra vigencia en tanto se observa que las funciones propias del cargo de Superintendente Nacional de Salud le permitirían adoptar las medidas administrativas para garantizar el derecho fundamental a la salud a los usuarios de Medimás EPS”, señala la decisión dada a conocer por la Procuraduría, y reitera sus críticas por la mora en cuanto a la aplicación de medidas en favor de los usuarios del sistema de salud.
“Este despacho observa que con la permanencia en el cargo de Norman Julio Muñoz Muñoz, la posible falta se reiteraría”.
Y es que según se ha conocido, a la Superintendencia de Salud llegaron más de 15.000 quejas, peticiones y reclamos en las que se pone de presente las deficiencias en la prestación del servicio por parte de Medimás, las mismas sobre las que -según pudo establecer la misma Procuraduría- no se adoptaron las decisiones para impedir que siguieran.