Más de 5.000 mujeres podrán acceder a penas alternativas con la ley de Utilidad Pública
La ley introduce un enfoque restaurativo, permitiendo que personas condenadas por delitos menores puedan cumplir sus penas mediante servicios de utilidad pública en lugar de reclusión
23 de diciembre de 2024Contenido
La implementación formal de la Ley 2292 de 2023, conocida como la Ley de ‘Utilidad Pública’, marcó un avance significativo en el sistema de justicia penal colombiano. Este lunes, desde la Cárcel El Buen Pastor de Bogotá, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, presentó la Resolución Defensorial n.º 003 de 2024, que busca reglamentar esta normativa.
Esta normativa tiene un gran potencial para beneficiar a más de 5.000 mujeres, muchas de ellas madres cabeza de hogar, que hayan sido condenadas por delitos relacionados con el patrimonio económico o el porte y tráfico de estupefacientes, siempre y cuando las penas no superen los ocho años.
Además de brindarles una alternativa a la cárcel, la ley contempla que las autoridades locales implementen programas restaurativos que incluyan oportunidades laborales para las beneficiarias, en paralelo a los servicios que deberán prestar como parte de su sanción.
La Resolución Defensorial establece que, en los próximos 30 días, las diferentes dependencias de la Defensoría del Pueblo deben elaborar un plan conjunto para ampliar la aplicación de esta alternativa y proteger los derechos de las mujeres privadas de la libertad.
Asimismo, se exhorta al Ministerio de Justicia a continuar monitoreando la implementación de la ley y aumentar las plazas disponibles para servicios de utilidad pública, priorizando municipios alejados donde las oportunidades son más limitadas.
Por otro lado, la resolución invita al Consejo Superior de la Judicatura a promover la capacitación de los operadores judiciales con un enfoque diferencial y de género, con el objetivo de evitar decisiones restrictivas que puedan negar la aplicación de la pena sustitutiva.
De igual manera, se insta a la Procuraduría General de la Nación a adoptar medidas similares, incentivando a los procuradores delegados a intervenir oportunamente en los procesos judiciales para garantizar el cumplimiento de la normativa.
Un aspecto clave de la resolución es el llamado a todas las alcaldías y gobernaciones del país para que implementen programas que no solo cumplan con los lineamientos restaurativos de la ley, sino que también aseguren oportunidades laborales reales para las beneficiarias. Esto busca facilitar su reintegración social y disminuir la reincidencia delictiva, fortaleciendo al mismo tiempo los lazos entre las personas condenadas y sus comunidades.
Durante la socialización, Iris Marín Ortiz destacó que la Ley de ‘Utilidad Pública’ representa un paso fundamental hacia una justicia más equitativa y humana. En un contexto donde muchas mujeres en reclusión son las principales proveedoras de sus hogares, esta normativa no solo reconoce su derecho a una segunda oportunidad, sino que también contribuye a la descongestión del sistema penitenciario.
Con su aplicación, se espera que las penas restaurativas se conviertan en un mecanismo efectivo para garantizar tanto el cumplimiento de la sanción penal como la dignidad y el bienestar de quienes buscan rehacer sus vidas.