MinDefensa explicó condiciones de operación en la que murieron jóvenes reclutados
La cartera aseguró que la intervención del 10 de noviembre fue planeada y ejecutada bajo estrictos protocolos del DIH, e insistió en que se tomaron todas las precauciones para proteger a la población civil
15 de noviembre de 2025Contenido
El Ministerio de Defensa se pronunció sobre la operación militar del 10 de noviembre, en la que murieron varios jóvenes reclutados por grupos armados ilegales, y reiteró que la acción fue ejecutada bajo estrictos protocolos del Derecho Internacional Humanitario, DIH. La cartera aseguró que todas las fases de la operación se realizaron siguiendo criterios de precaución, proporcionalidad y respeto por la población civil.
La intervención, adelantada por la Fuerza Pública contra una estructura criminal responsable de ataques sistemáticos en varias regiones del país, dejó como resultado la muerte de 20 integrantes del grupo armado. Entre ellos, Medicina Legal confirmó la presencia de siete adolescentes que habían sido reclutados y usados como combatientes ilegales.
De acuerdo con la información oficial, durante la inserción de las tropas también fueron recuperados con vida otros tres menores que integraban la organización. Además, se brindaron primeros auxilios a un herido y se evacuó a dos personas sometidas dentro de la misma estructura, en cumplimiento del principio de humanidad.
Defensa explicó que la operación fue sometida a una planeación minuciosa para reducir riesgos a personas protegidas por el DIH. Según la institución, se evaluaron métodos, medios y capacidades disponibles para neutralizar lo que calificó como una amenaza grave e inminente compuesta por más de un centenar de individuos fuertemente armados.
El Ministerio insistió en que cada decisión operativa estuvo guiada por la obligación de proteger a la población civil, incluidos los menores reclutados, y señaló que la actuación se ajustó al marco jurídico nacional e internacional aplicable a contextos de conflicto.
Finalmente, la entidad reafirmó su compromiso con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y con el fortalecimiento de las acciones contra el reclutamiento forzado, que calificó como una de las violaciones más graves cometidas por los grupos armados ilegales en el país.