MinDefensa ordenó investigar nexos entre funcionarios del Gobierno y disidencias

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó adelantar la investigación pertinente para determinar la existencia de nexos entre un general del Ejército Nacional y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, con comandantes de las disidencias de las Farc. También afirmó que entregará a la Fiscalía General de la Nación todo lo que requiera para avanzar en dichos trámites.

Este anuncio lo dio después de que salió a la luz un informe de la unidad investigativa de Noticias Caracol, el cual reveló una serie de chats, cartas y otras comunicaciones que darían cuenta de las conexiones entre Juan Miguel Huertas, general del Ejército, y Wilmer Mejía, alto funcionario de la DNI, con jefes de las disidencias de las Farc como alias Calarcá y alias Catatumbo, para la creación de una empresa de seguridad fachada.

"Quiero reiterar, en primer lugar, que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública mantienen un compromiso absoluto con la transparencia, la legalidad y el cumplimiento de la Constitución y por ende la ley", escribió Sánchez en su cuenta de X. El jefe de la cartera de Defensa aseguró que no dudará en tomar las decisiones pertinentes de acuerdo con lo que se concluya en las investigaciones y advirtió que ningún acto de legalidad será tolerado al interior de la Fuerza Pública ni por otros funcionarios particulares.

"La cooperación con criminales es una línea roja que jamás se cruzará, y quien se aparte del deber constitucional, será investigado con la máxima celeridad y rigor, enfrentando todo el peso de la justicia", reiteró minDefensa. Además, afirmó que alias Calarcá y alias Catatumbo deben ser llamados criminales, de conformidad con los actos ilegales en los que han participado, y que el Estado mantendrá una firma posición en su contra, los perseguirá y los llevará ante la justicia.

Sobre Calarcá, en específico, Sánchez señaló que, pese a que la orden de captura en su contra está suspendida por su participación en el proyecto de Paz Total, "ello no constituye un salvoconducto para delinquir. Si la Fuerza Pública encuentra a cualquier individuo, incluyéndolo a él, en flagrancia, procederá de inmediato a su captura. Este deber constitucional no admite excepciones.

En específico, el noticiero reveló, después de haber revisado diferentes computadores, dispositivos y USB que fueron incautadas a las disidencias comandadas por Calarcá, varias comunicaciones que evidencian los nexos entre Huertas, actual jefe de Comando de Personal del Ejército, y alias Calarcá para montar una empresa de seguridad ilegal que, en realidad, funcionaría como fachada y le permitiría a los integrantes del grupo ilegal movilizarse en vehículos blindados y portar armas y fusiles con permisos obtenidos por Huertas.

Por otra parte, las comunicaciones con Mejía, quien fue designado como miembro del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia por el presidente Gustavo Petro y quien sería, según diferentes fuentes, "el verdadero poder" en la DNI, en donde es apodado como 'El chulo' por las mismas disidencias, demostraron que él sería el encargado de conectar a las organizaciones criminales con integrantes de la Fuerza Pública.

Sumado a esto, se conoció que los jefes de las disidencias se reunieron en cuatro ocasiones con Huertas, Mejía y Juan Carlos Mazo, director de Indumil, para organizar el procedimiento que dotaría de legalidad a la empresa de seguridad fachada, incluyendo la documentación que necesitaban para que los vehículos fueran blindados y los hombres pudieran movilizarse con tranquilidad.

Así mismo, en estos encuentros habrían llegado a acuerdos de no agresión entre la Fuerza Pública y las disidencias de Catatumbo, Antioquia y sur de Bolívar, para los que los oficiales del Ejército les habrían entregado las frecuencias radiales para que las estructuras armadas conocieran todo sobre las operaciones en curso.