Ministerio de Defensa Nacional negó intermediaciones en compra de aviones y submarinos

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“No estamos comprando submarinos ni los equipos que se señalan” y “en Colombia no existen intermediaciones”, fueron las respuestas del ministro de Defensa, Diego Molano, a las preguntas sobre un negocio, no concretado, de 4.000 millones de euros (US$4.346 millones al cambio de ayer) en el que las empresas Fincantieri y Leonardo aspiraban a venderle al Gobierno de Colombia cuatro corbetas FCX 30, dos submarinos Trachinus y 24 aviones M346.

La operación lleva toda la semana ocupando los titulares de prensa de Italia, por cuenta de un audio publicado por el diario La Veritá en el que Massimo D’Alema, expresidente del Consejo de Ministros italiano entre 1998 y 2000, habla sobre el negocio y la importancia de concretarlo antes del verano, para lograr una comisión de 80 millones de euros (US$86 millones).

La conversación, del pasado 10 de febrero, habría sido filtrada por uno de los interlocutores de D’Alema que, tras el escándalo, reiteró al diario Repubblica que no hizo nada indebido. “Me contactaron personalidades políticas colombianas, con encargos institucionales, que me dijeron: ‘El Congreso colombiano aprobó una asignación para la modernización de las Fuerzas Armadas, y nos gustaría enfocarnos en los productos italianos’. Y bueno, era un negocio muy grande para nuestro país”.

Aunque no es claro quiénes son las personalidades a las que se refiere, han salido a relucir nombres como Umberto Bonavita, un abogado especializado en transacciones de yates de lujo de la firma Robert Allen Law, en Miami; y Francesco Amato y Emanuele Caruso, descritos por el expremier como asesores de la Cancillería de Colombia.

Al cierre de esta edición, el Ministerio de Relaciones Exteriores no había respondido si, en efecto, los dos mencionados son asesores. Sin embargo, en una carta al periódico La Stampa, Caruso afirmó que opera, “desde algún tiempo, bajo encargo de las autoridades colombianas en el ámbito de la cooperación internacional”.

Sale a relucir también la embajadora de Colombia en Italia, Gloria Isabel Ramírez, que, según los audios de D’Alema, “insiste en que se requiere un acuerdo entre los dos gobiernos, sin mediadores, pero le expliqué que si bien por una parte es el gobierno colombiano el que compra, la otra parte, la que vende, no es el gobierno, sino dos sociedades listadas, por lo que no puede haber un contrato entre los dos gobiernos”.

Al respecto, la funcionaria dijo que se limitó a poner en contacto a los ministerios de Defensa de ambos países, y agregó que la sorprendió que el político italiano la buscara para hablar del negocio, por lo que alertó al viceministro de Defensa italiano, Giorgio Mulé. Sobre los dos supuestos asesores de la Cancillería, dijo que es la primera vez que oye sus nombres y, sobre la operación, anotó que “esos negocios se demoran años, no sé en qué vaya. Está hace muchos años que Colombia tiene que comprar eso y hay varios interesados en vender, pero que esté en una etapa concreta pues no, no he visto el memorando de entendimiento”.

Esto, en referencia al documento que, según D’Alema, firmó Fincantieri con el gobierno colombiano en una visita realizada en enero de este año.

Antecedentes

Respondiendo a las acusaciones en su contra, D’Alema dijo al diario Repubblica que “los contactos que se establecieron tuvieron un carácter oficial, la carta de invitación a las sociedades italianas a Colombia lleva el encabezado de la Cancillería, no de un grupo de particulares”.

Tras la carta, dijo, hubo una visita de la delegación al país para presentar la propuesta técnica a las Fuerzas Armadas, y Fincantieri habría logrado firmar un memorando de entendimiento.