Legislación

Odebrecht, entre los retos que deberá resolver el próximo Fiscal General de la Nación

Clara González, Camilo Gómez y Francisco Barbosa son los candidatos para ocupar el puesto al que renunció Néstor Humberto Martínez.

04 de diciembre de 2019

José González Bell

Canal de noticias de Asuntos Legales

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El presidente Iván Duque presentó a la Corte Suprema de Justicia la terna de candidatos para ocupar el cargo de Fiscal General de la Nación, puesto en el que estuvo Néstor Humberto Martínez y al cual renunció en mayo pasado por una serie de controversias.

Los candidatos son Camilo Gómez Alzate, actual director de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado; Clara María González, secretaria jurídica de Presidencia; y Francisco Barbosa, consejero presidencial para los Derechos Humanos. Actualmente, el puesto lo ocupa Fabio Espitia (e).

Tenemos una terna de personas de grandes calidades, no solamente en lo jurídico, sino en lo ético y lo profesional. Y esperamos que, de conformidad como lo establece el procedimiento, la honorable Corte Suprema de Justicia pueda escuchar a estas tres personas y tomar en su fuero, en sus facultades, en su autonomía, la decisión que mejor le convenga al país”, expresó el primer mandatario.

Desde la renuncia de Martínez, la elección de la terna ha tenido varias demoras. La primera fue el cambio que le hizo Duque al proceso de selección, pues por medio del decreto 1163 de 2019, se eliminó el procedimiento establecido por el expresidente Juan Manuel Santos.

Luego, el presidente dijo que esperaría a que la Sala Plena de la Corte Suprema estuviera completa (23 magistrados). Sin embargo, actualmente hay 16 magistrados y siete vacantes. Con esta cifra se dificulta la elección, pues se necesita de unanimidad, lo que, según el abogado penalista, Iván Cancino, “es casi imposible”. La Corte tiene tres vacantes en la Sala Penal, tres en la Laboral y una en la Civil. La más reciente baja fue Rigoberto Echeverri.

El tiempo es otro factor que juega en contra, pues la corporación llevará a cabo la última sesión de la sala plena mañana. Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema, Álvaro Fernando García, dio luces sobre el asunto e indicó que “estaremos escuchando a los ternados en entrevista con la Sala Plena el próximo jueves a las ocho de la mañana”.

Es decir, si los 16 magistrados votan a favor de un mismo candidato el mismo jueves se anunciaría ese día al nuevo fiscal. De lo contrario, la Corte Suprema podría convocar a sesiones extraordinarias en lo que resta del año para tratar de tomar una decisión en ese tiempo. Si esto no sucede, la elección quedaría para 2020.

“Estamos dispuestos a cumplir nuestro deber de elegir a uno de ellos, considerando que es una terna excelentemente compuesta, que estará encaminada al espíritu y a la manutención de las instituciones del país”, expresó. Según Hernán Olano, director del Centro de Ética y Humanidades de la Universidad La Gran Colombia, la demora de Duque en mandar la terna es para quedar “anclado” al Gobierno que lo remplace y así “tapar la herencia que quedé”.

Entre los retos del nuevo fiscal, Olano indicó que la extradición de personas cuestionadas por la corrupción y el narcotráfico; y liquidar casos como Odebrecht deben ser prioridades. Para Iván Cancino, quien ocupe el puesto debe reducir el número de procesos que se han acumulado desde la creación del sistema acusatorio.

Igualmente, está la lucha anticorrupción o el sistema de justicia transicional.

Los candidatos

Clara María González Zabala es abogada de la Universidad del Rosario, con maestría en Derecho Administrativo. Desde 1986 registra una amplia trayectoria en el sector privado como en el público. Camilo Gómez Alzate es abogado de la Pontifica Universidad Javeriana. Se ha desempeñado como Secretario General y como Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Bogotá. Francisco Barbosa es abogado de la Universidad Sergio Arboleda. En 2010 obtuvo su título de doctorado en Derecho Público.

LOS CONTRASTES

  • Iván CancinoAbogado Penalista

    “Quien ocupe el puesto debe reducir el número de procesos que se han acumulado desde la creación del sistema acusatorio y realizar investigaciones serias y profundas antes de capturar ciudadanos”.