Operaciones contra disidencias también se habrían frenado en Gobierno Petro
La polémica estalló el 24 de junio cuando se publicaron audios sobre presuntos pactos irregulares con Clan del Golfo
29 de junio de 2026Contenido
La política de Paz Total del presidente saliente, Gustavo Petro, presentada como la apuesta más ambiciosa de su gobierno para lograr la pacificación de Colombia, cierra su ciclo sumida en una tormenta de escándalos. En los últimos días, una serie de revelaciones periodísticas y documentos reservados han expuesto presuntos acuerdos secretos entre altos funcionarios del gobierno y grupos armados ilegales, en los que se habrían ofrecido beneficios que incluían suspensión de operaciones militares, cese de bombardeos y hasta protección policial para cabecillas de organizaciones criminales.
A principios de semana había estallado el escándalo por la filtración de presuntas concesiones de no persecución en contra del Clan del Golfo y, este lunes, Noticias RCN tuvo acceso a un documento en el que se estaría repitiendo el mismo patrón con disidencias de las Farc.
De acuerdo con la información hallada, a través de directrices reservadas, entre 2024 y 2025 se habría ordenado la suspensión de operaciones militares de inteligencia, aviación no tripulada y policiales contra de la Segunda Marquetalia, en el marco de la cuestionada política de paz total.
El documento, firmado por el entonces comisionado de paz Otty Patiño, va incluso más lejos que los acuerdos con el Clan del Golfo: en él se solicita al entonces ministro de Defensa Iván Velásquez que autorizara a la unidad policial para la edificación de la paz, Unipep, para prestar seguridad a los cabecillas de las disidencias en los aeropuertos de Tumaco (Nariño), Puerto Asís (Putumayo) y en la Central Aerospace en Bogotá. Es decir, el Estado colombiano habría sido requerido para proteger a los propios líderes de un grupo armado ilegal.
Entre ambos escándalos, el del Clan del Golfo y el de la Segunda Marquetalia, hay un factor común: aparecen mencionados los mismos funcionarios. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra el exministro de Defensa Iván Velásquez, el exalto comisionado para la Paz Danilo Rueda, el exdirector de la DNI Jorge Lemus y el entonces jefe de contrainteligencia Ricardo Rey Rosanía, por las presuntas irregularidades.
Hay que mencionar que la controversia estalló el 24 de junio de 2026, cuando la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló grabaciones hasta entonces inéditas. Las cintas de audio datan del 2 de septiembre de 2022, pocas semanas después del arranque del gobierno Petro, cuando el entonces comisionado de paz Danilo Rueda se reunió en secreto con Luis Armando Pérez, alias Jerónimo, jefe político del Clan del Golfo.
En ese encuentro, realizado en el Urabá antioqueño, Rueda habría expuesto una serie de compromisos que incluirían la suspensión de operaciones militares contra el Clan del Golfo, la reducción de bombardeos, la revisión de la política de extradición de sus principales jefes y una eventual depuración dentro de la Fuerza Pública.
Petro niega las acusaciones
El presidente saliente, Gustavo Petro, rechazó las acusaciones y sostuvo en su cuenta de X que jamás se detuvieron operaciones militares y que no existió ningún cese con organización alguna durante su mandato. Sin embargo, los documentos y grabaciones que han salido a la luz cuentan una historia diferente.
El propio ministro de Defensa del gobierno saliente, Pedro Sánchez, advirtió que si se comprueba la autenticidad de los audios, no se trataría solo de un irrespeto a la Fuerza Pública, sino de un delito, pues se estaría promoviendo la acción criminal. El País
Desde las regiones, las voces críticas son contundentes. El alcalde de Cali, Alejandro Éder, recordó que mientras el gobierno adelantaba negociaciones y presuntamente gestaba pactos irregulares con el Clan del Golfo, en su ciudad no cesaban los ataques violentos contra la población civil y la Fuerza Pública, calificando la situación como un debilitamiento de la autoridad ante las acciones criminales.
Con la llegada del gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, se agota el oxígeno para la política de Paz Total. El mandatario entrante ya ordenó llevar a cabo las actuaciones jurídicas e institucionales para determinar con exactitud qué ocurrió, y las zonas de ubicación decretadas bajo el amparo de la Ley de Paz Total no tendrían vocación de permanencia y serían revocadas a partir del 7 de agosto de 2026.