Judicial

Ortiz no cumplirá detención preventiva en El Buen Pastor; irá a una guarnición militar

Colprensa

A pesar de que la jueza había decidido que iría a la prisión, cambió de decisión, pues "no queremos pasar por el riesgo de que atenten contra su vida"

18 de diciembre de 2024

Carlos Jaramillo Palacio

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La exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, no cumplirá la detención preventiva ordenada este miércoles en la cárcel El Buen Pastor, como se había estipulado en la mañana. La jueza a cargo del caso por el escándalo de corrupción en la Ungrd echó para atrás su decisión y será enviada a guarnición militar por determinar, dependiendo de la disponibilidad de cupo de estas.

"No queremos pasar por el riesgo de que atenten contra su vida. El juzgado enviará a la señora Ortiz a una de las guarniciones militares, la que se logre establecer, mientras tanto seguirá bajo la custodia de la Policía Nacional”, señaló la jueza.

Y es que la juez tercera de control de garantías de Bogotá ordenó la detención preventiva por su presunta participación en actos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Según la Fiscalía General de la Nación, Ortiz habría fungido como intermediaria en el pago de una millonaria coima para influir en decisiones del Congreso.

Durante la audiencia, la juez señaló que las pruebas aportadas por la Fiscalía justifican la medida de aseguramiento. "Los elementos probatorios sí prevalecen y soportan esa medida de detención preventiva en establecimiento carcelario", expresó.

La Procuraduría, la Contraloría y la propia Ungrd respaldaron la solicitud de la Fiscalía, destacando la necesidad de proteger la integridad del proceso judicial y prevenir posibles riesgos para la comunidad.

Ortiz enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias, los cuales no aceptó durante la audiencia. Según el ente acusador, actuó como emisaria de Iván Name, entonces presidente del Senado, para gestionar el pago de una coima de 3.000 millones de pesos

Esta suma, presuntamente, tenía como objetivo garantizar la aprobación de iniciativas impulsadas por el Ejecutivo en el Legislativo.