Pagos irregulares por más de $4.000 millones en contrato de la Cumbre de las Américas

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La Procuraduría publicó un boletín en el que informó sobre la formulación de pliego de cargos contra dos funcionarios de la Cancillería por presuntas irregularidades en contratación de la VI Cumbre de la Américas efectuada en 2012.

Los investigados son María Margarita Salas, en ese entonces secretaria general del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, actualmente cónsul de Colombia para Madrid; y Alexander Potdevin Gutiérrez, coordinador de privilegios e inmunidades de la Dirección de Protocolo de la misma entidad.

La investigación se relaciona con un contrato de más $52.300 millones que tenía por objeto la prestación de servicios para desarrollar actividades logísticas y operativas en la VI Cumbre de la Américas, firmado por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unión Temporal Cumbre de las Américas 2012, integrada por las empresas Aviatur, Gema Tours S.A., Contactos S.A.S., entre otras.

El problema apareció cuando, presuntamente, hubo pagos irregulares en el desarrollo de un contrato por más de $4.000 millones. Señalaron una posible omisión en las acciones de vigilancia y control sobre la ejecución del mismo. Esta situación, “pudo generar un detrimento patrimonial para la entidad”, dijo la Procuraduría.

Carlos Andrés Gómez, director del Departamento de Ciencia Jurídica de la Jorge Tadeo Lozano, dijo que “lo que se investiga es que los funcionarios no hicieron todas las acciones de vigilancia y control en la ejecución de un contrato millonario. Se les atribuye que omitieron este tipo de acciones que debe realizar todo servidor público con los dineros del Estado”.

En su momento, Salas recibió reconocimiento por la organización del evento, sin embargo, la Procuraduría la señaló de “actuar con negligencia y descuido a la hora de vigilar”, pero la cónsul respondió que su cargo no implicaba que se ocupara de funciones como la ejecución del contrato, ni mucho menos en cuanto a facturación, donde aparecieron irregularidades, explicó a Semana.

Alejandro Mejía, socio de Cáez Muñoz Mejía Abogados, sostuvo que si bien la Procuraduría tiene el deber de velar por la correcta ejecución patrimonial del presupuesto, cada vez que se informa sobre la apertura de un proceso por la omisión de vigilancia y control sobre gastos determinados, genera la duda el rigor con que construyen las premisas. “Con los sobrecostos de un contrato ya dictaminados, les es muy fácil entablar estándares de comportamiento diligentes y rigurosos con los que francamente no actúan las personas ordinariamente”, agregó Mejía.

Por su parte, la Cancillería le respondió a AL que estará atento a acatar las decisiones que se produzcan al interior de los órganos de control.