En una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos, el exmandatario Andrés Pastrana criticó la posición del Gobierno de revelar las actas secretas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores a raíz del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Sostuvo que de ser así quedarían expuestos a amigos y enemigos cien años de archivo de la Cancillería.
"Se deroga así, de hecho, el sigilo esencial de la Comisión y se pone de lado el centenario consenso. Al abrir documentos que no deben revelarse aislada y selectivamente en aras de la justicia histórica -puesto que ni siquiera en un juicio popular se deben omitir evidencias- quedarían expuestos a amigos, enemigos y eventuales contrapartes cerca de 100 años del archivo esencial de la Cancillería de Colombia", dice la carta.
Según dijo, luego de que Santos expresará esa intención del Ejecutivo, hechos y declaraciones han constituido un golpe a esa Comisión y, además, se ha hecho evidente la intención de "eludir" responsabilidades y buscar "chivos expiatorios".
"Hechos y declaraciones posteriores a la decisión presidencial han reafirmado el golpe a la Comisión y reiterado la intención del gobierno de eludir responsabilidades y buscar chivos expiatorios, acudiendo a abogados nacionales y extranjeros para la defensa de su gestión. El país ha comprendido que el pretendido embalsamamiento de una sentencia de única instancia no es más que un pretexto para este gasto".
Pastrana indicó, que en vista de las nuevas circunstancias, no asistirá de ahora en adelante a las sesiones públicas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.
"Consecuentemente, tras la declaración presidencial pende sobre la Asesora una espada de Damocles. La palabra antes dada en la confianza del sigilo necesariamente tendrá un nuevo cariz en vista de la eventualidad de ser difundida al mundo entero", precisó el expresidente.
El pasado 14 de enero, Santos pidió que las actas de la Comisión sean levantadas y dadas a conocer al público en general para que se puedan determinar responsabilidades en anteriores gobierno frente a la pérdida de los derechos económicos de una porción importante del mar Caribe.