Expertos piden una regulación diferenciada para los cigarrillos tradicionales y los electrónicos
Radican carta en el Senado para incluir un enfoque de reducción de riesgos y daños en proyecto que modifica la Ley Antitabaco
30 de octubre de 2020Contenido
Un grupo conformado por más de 1.600 expertos, académicos y médicos radicaron una carta ante la Comisión VII del Senado para manifestar la necesidad de incluir un enfoque de reducción de riesgos y daños en el articulado del proyecto de ley No 039/20 que busca modificar la Ley Antitabaco, propuesto por el senador José David Name, y para que se logre incorporar una regulación diferenciada entre los cigarrillos tradicionales y los nuevos productos de nicotina sin combustión.
“El proyecto pretende equiparar los dispositivos electrónicos con los cigarrillos convencionales y eso técnicamente no es viable. Esta falta de regulación diferenciada no solo pondría en peligro a las personas que consumen este tipo de dispositivos, sino que también dejaría desprotegidos a los menores de edad”, manifestó Julián Andrés Quintero, director de la Acción Técnica Social Colombia, la asociación sin ánimo de lucro que lideró esta declaración.
En concreto, en el documento, que contó con el apoyo de expertos como el exministro de Salud y actual rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, o el presidente de la Asociación Colombiana de Vapeadores (Asovape), Francisco Ordóñez, se solicita que se tengan en cuenta tres necesidades específicas a la hora de aprobar este proyecto.
La primera de ellas tiene que ver con la prohibición estricta y supervisada de la publicidad, venta y patrocinios orientada a los menores de edad. En segundo lugar, se pide que se definan los criterios técnicos y científicos necesarios para el control de calidad de los dispositivos y sus accesorios. En ese sentido, se solicita castigar el mercado negro y la fabricación artesanal.
Por último, se reclama que se brinde información veraz y objetiva sobre los riesgos, daños y beneficios asociados al uso de estos dispositivos con una inducción obligatoria para su uso. “Se necesita incluir la participación de los consumidores en la planificación e implementación de la regulación y también reducir el riesgo y el daño, que las personas tengan información”, dijo Quintero.