Piedad Córdoba y otros exfuncionarios declararán en la JEP como testigos
Desde este viernes hasta el 24 de marzo, la Sala de Reconocimiento entrevistará a los testigos sobre casos de secuestro
06 de marzo de 2020Contenido
Los casos de retenciones ilegales en el marco del conflicto tratarán de ser esclarecidos con los testimonios de varios exfuncionarios que, por su trabajo humanitario, han tenido contacto con los afectados y sus familiares. La JEP inició la recolección de testimonios y pruebas documentales para cotejarlas con las versiones entregadas por desmovilizados de las Farc.
El caso No. 01, que hace referencia al delito de secuestro, será alimentado con la información de las declaraciones de las personas llamadas a colaborar con la Sala de Reconocimiento.
Los exfuncionarios que declararán durante el mes de marzo son Piedad Córdoba, exsenadora, quien estuvo relacionada con el acuerdo humanitario; Álvaro Leyva Durán, exministro y exconstituyente que trabajó a favor del acuerdo humanitario para la liberación de secuestrados; Daniel García Peña, exconsejero presidencial de paz; José Alfredo Escobar Araujo, zar antisecuestro entre 1998-1999; monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, expresidente de la Conferencia Episcopal Colombiana y de la Comisión de Conciliación Nacional; Andrés Peñate, exdirector del DAS y José Noe Ríos, exconsejero para la paz.
La JEP expresó que “con estas entrevistas la Sala de Reconocimiento espera continuar recolectando información que le permita profundizar sobre las dinámicas del secuestro, en especial aquellas relacionadas con los acuerdos humanitarios y el canje de civiles y militares por guerrilleros privados de la libertad”.
La Justicia Especial para la Paz citó este viernes a la exsenadora Piedad Córdoba como primera entrevistada. En el año 2000, la entonces congresista, trabajó para celebrar encuentros con la guerrilla de las Farc y negociar la liberación de personas secuestradas.
Dichas declaraciones se sumarán a los testimonios de diversos políticos y exintegrantes de la Fuerza Pública, víctimas del delito de secuestro durante finales de la década de los noventa y los primeros años del nuevo siglo.