La ley que regula encuestas de intención de voto está lista para sanción presidencial

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El proyecto de ley 569 de 2025, a través del cual se establecen las regulaciones para la realización y publicación de encuestas con intención de voto, ya fue aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes y está listo para sanción presidencial.

Con su sanción, las encuestadoras podrían empezar a publicar sus sondeos para las elecciones presidenciales de 2026 a partir del 31 de octubre, tres meses antes de la inscripción oficial de candidatos.

De acuerdo con el documento oficial, el objeto de la ley es "regular la realización y divulgación de encuestas para cargos de elección popular y de opinión política, con el fin de garantizar la igualdad al acceso de la información y la transparencia de los datos en aras de aumentar la confiabilidad".

Senadoras de diferentes partidos como Clara López, del Pacto Histórico; Angélica Lozano, de Alianza Verde; y Paloma Valencia, de Centro Democrático, radicaron esta iniciativa en octubre de 2024.

Adicionalmente, la ley consigna una serie de disposiciones y requisitos que las encuestadoras deberían cumplir y presentar ante la nueva Comisión Técnica que se crearía dentro del Consejo Nacional Electoral: datos de la persona natural o jurídica que realizó la encuesta, fuente de financiación, tipo y tamaño de muestra (así como el procedimiento de selección de la misma), temas abordados, texto literal de las preguntas y orden en el que se realizaron, candidatos incluidos, espacio geográfico y fecha de ejecución, margen de error, propósito del estudio, método de recolección de datos, nivel de confiabilidad y datos de los responsables del análisis. En caso de que estas condiciones no sean cumplidas, las encuestas quedarían completamente anuladas.

Las empresas encuestadoras han expresado su descontento con la aprobación de dicha ley, pues afirman que no fueron puestos al tanto de esta iniciativa y podrían verse perjudicados de diferentes maneras: tendrían que implementar nuevos sistemas de ciberseguridad y habría aspectos de tratamiento de datos personales que estarían siendo vulnerados.

Estas compañías explicaron que, aunque les exigen incluir obligatoriamente a candidatos que tengan altos niveles de reconocimiento público, les sería imposible saber quiénes son porque no existirían sondeos previos. En este punto, también ponen en duda la transparencia en la información ofrecida a los colombianos, pues el mismo CNE sería el ente encargado de supervisar el cumplimiento de este proyecto.

Esta ley transforma radicalmente las elecciones que vienen de ahora en adelante y la dinámica política tradicional. Tanto los candidatos, como los colombianos, deberán empezar a revisar a mayor profundidad las campañas para la presidencia 2026. Por ahora, queda en manos del presidente Gustavo Petro sancionarla, a pesar de quienes se opongan.