Polémica sobre proyecto que modificaría demandas al Estado
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El codirector del Partido de la U, Jaime Buenahora aseguró que presentará un acto legislativo que busca modificar el Artículo 90 de la Constitución, el cual establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
Al respecto, expertos constitucionalistas aseguran que no hay necesidad de modificar la norma porque está claramente establecida en la Constitución. No obstante, coincidieron en que en la actualidad no se está manejando de forma correcta la llamada acción de repetición, es decir, que el Estado tiene la facultad de iniciar un proceso contra la entidad o funcionario que cometió el error que fue causa de la sentencia, para que pague por los perjuicios patrimoniales. Buenahora aseguró que “hay que poner reglas claras a las demandas contra la Nación”, que hoy ascienden a $795 billones, es decir, cuatro veces el monto del presupuesto nacional. Para ello, presentará a principios de la próxima legislatura este proyecto con el apoyo del Gobierno Nacional. Así lo confirma la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado quien asegura que en la actualidad los procesos más costosos en contra del Estado tienen que ver con las llamadas ‘pirámides’.
De acuerdo con Manuel Fernando Quinche, constitucionalista de la Universidad del Rosario, plantear la irresponsabilidad del Estado o disminuir los márgenes de obligación, “me parece un atentado más de los que se están haciendo al régimen constitucional colombiano”. Además, explicó que el Artículo 90 de la Constitución establece un principio general y es que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le cause a cualquier colombiano, y de esta forma enfatizó que “es un enunciado sensato”. De este modo, Buenahora explicó que dicha modificación tiene que ver con que el funcionario que cometió la falta, sea responsable y pague. No obstante, el exmagistrado José Gregorio Hernández advirtió que el artículo que se pretende modificar habla concretamente de la acción de repetición, la cual se da contra el funcionario o agente que incurrió en la acción u omisión que dio lugar a la condena. “Pensar que el artículo está mal puesto en práctica y que ha sido objeto de abuso por parte de las personas que se han basado en él, sería sindicar a los jueces o tribunales de haber desconocido el sistema jurídico.
Eso en ningún caso da pie para que se modifique la norma constitucional que es perfectamente adecuada a un Estado de derecho”, enfatizó Hernández. Por su parte, el abogado Ignacio Cantillo aclaró que querer modificar el artículo 90 de la Constitución, rompería la estructura del Estado social de derecho, “es un tema de mucha complejidad por el impacto que puede representar”. Frenar carrusel de demandas El representante a la Cámara por el Partido de la U aseguró que también pretende con la ley estatutaria ponerle freno a todos los carruseles que se han venido presentando con las demandas. Al respecto, Cantillo respondió que el tema “no debería ser las demandas sino la defensa de los bienes del Estado ”, agregó. De este modo, Gregorio Hernández aclaró que el Artículo 90 no establece que siempre triunfen las acciones de quienes demandan. Para los expertos, la acción de repetición no se maneja en el país como debería, pero el problema no es la norma sino de su aplicación. “Esta figura no es operativa y tiene problemas en su ejecución”, concluyó Manuel Fernando Quinche.
Las Opiniones
José Gregorio Hernández
Exmagistrado y constitucionalista
'La norma constitucional que es perfectamente adecuada a un estado de derecho. El artículo 90 de la Constitución no establece que siempre triunfen las acciones de quienes demandan'.
Manuel Quinche
Constitucionalista Universidad del Rosario
“Plantear la irresponsabilidad del Estado o disminuir los márgenes de obligación, me parece que es otro atentado de los que se le están haciendo al régimen constitucional colombiano”
Ignacio Cantillo
Abogado
“El tema no creo que sea las demandas contra la Nación sino la correcta defensa de los bienes del Estado, se debe buscar la manera adecuado de proteger los intereses con una defensa eficaz”.