Política pública sobre aborto en el país sería emitida por el nuevo Gobierno y Congreso

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El pasado lunes, la Corte Constitucional decidió despenalizar el aborto hasta la semana 24, manteniendo las tres causales que se reglamentaron desde 2006 para después de ese plazo: en caso de malformación del feto; si este es producto de una violación; o si corre peligro la vida de la madre. Con esto, Colombia se convierte el país menos restrictivo de la región en esa materia.

En su decisión, la Corte también exhortó al Congreso y al Gobierno Nacional a formular “e implementar una política pública integral” en el menor tiempo posible, que incluya aspectos como “la divulgación clara de las opciones disponibles para la mujer gestante durante y después del embarazo” e instrumentos de prevención del embarazo y planificación.

Como era de esperarse, la decisión de la Corte generó voces de respaldo y rechazo desde distintos sectores.

Desde el Congreso, uno de los llamados a reglamentar la decisión de la corporación judicial, senadores como Angélica Lozano, de la Alianza Verde, aseguraron que impulsarán las reformas legislativas que se requieran “en los parámetros que dictó la Corte Constitucional”.

En contraste, el presidente del Senado, el conservador Juan Diego Gómez, señaló que es importante que el tema se aborde desde el Congreso, pero, además, manifestó que la decisión se debería llevar a un referendo, “para que sean los ciudadanos quienes decidan sobre este tema en particular”.

En esta misma línea, las senadoras, Milla Romero, del Centro Democrático, y Sara Castellanos, del Partido Liberal, compartieron una opinión de rechazo y ambas indicaron que radicarán una solicitud de referendo para votar sobre esta decisión.

Cabe recordar que el referendo es un mecanismo de participación para que la ciudadanía apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o una norma vigente. Sin embargo, el texto que se presenta a la ciudadanía para votación debe ser sometido a un examen previo de constitucionalidad, que en este caso estaría a cargo de la misma Corte que emitió la decisión.

Por lo anterior, explicó Alma Beltrán y Puga, abogada y profesora de la Universidad del Rosario, es poco probable que un mecanismo de participación de este tipo prospere.

Como se ya se dijo, la decisión judicial también deja en manos del Gobierno Nacional la construcción de una política pública que facilite a la mujeres el acceso al derecho constitucional a abortar antes de los primeros seis meses de gestación.

La respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar y, en entrevista con La FM, el presidente, Iván Duque Márquez, aseguró que “los grandes temas de la sociedad no deben ser decididos por un grupo de cinco”, y agregó que es necesario trabajar en una campaña de conscientización para que esta práctica no se convierta en “un método anticonceptivo”.

Teniendo en cuenta las distintas reacciones a la decisión y los tiempos legislativos, Viviana Bohórquez, abogada experta en derechos humanos, resaltó que lo más probable es que la reglamentación solicitada por la Corte llegue de la mano del próximo Gobierno y el nuevo Congreso.

“Queda muy difícil aprobar algo sobre el tema en este periodo legislativo. Entonces, sin duda, la discusión definitiva sobre el aborto se dará en el siguiente periodo”, indicó.

Sin embargo, que la regulación y la política pública se demoren no implica que las mujeres que deseen acceder a este derecho no puedan hacerlo desde ya, pues los fallos de la Corte son de aplicación inmediata, incluso a falta del texto definitivo de la sentencia.

En ese sentido, las mujeres podrían acercarse desde hoy a un centro de salud a solicitar un procedimiento de aborto, De hecho, Profamilia se pronunció ayer sobre la decisión, asegurando que cumplirá con el fallo “de manera inmediata”.

A pesar de ello, Bohórquez explicó que es posible que haya centros médicos que presenten trabas hasta que la sentencia no sea publicada de manera oficial, tal y como sucedió con la C-355 de 2006 sobre aborto, que se publicó seis meses después de tomada la decisión. Sin embargo, recientemente la Corte recordó, en medio de una discusión sobre un fallo de eutanasia, que los comunicados en los que esboza sus decisiones y el sentido del fallo son vinculantes, aun cuando el documento definitivo no esté listo.

Panorama Regional

Con esta decisión, Colombia se une a la “ola verde” de otros países de la región que han decidido ampliar sus libertades frente al aborto.

México había sido el más reciente en tomar una decisión sobre el tema, cuando la Suprema Corte resolvió, a finales del año pasado, declarar el delito de aborto como inconstitucional. Como plazo, la corporación dio 12 semanas (tres meses) para llevar a cabo esta práctica sin que las mujeres se enfrenten a condenas penales. Sin embargo, al ser un país federal, cada estado tiene que reglamentar la decisión de la Suprema Corte, respetando la inconstitucionalidad del delito de aborto.

En Argentina, el Congreso aprobó su legalidad hasta la semana 14 y, como en Colombia, la restricción no aplica solo a los casos de violación o en los que corre riesgo la salud de la madre.

En cambio, en Ecuador la Asamblea Nacional aprobó un proyecto que avala los abortos, si son producto de una violación, hasta la semana 12. El presidente Guillermo Lasso tiene plazo de promulgarla hasta marzo y ha asegurado que respeta “la vida desde la concepción”, por lo que podría vetar la iniciativa.

Antecedentes

La despenalización del aborto hasta la semana 24 en el país se dio por medio de una votación dividida de 5-4 en la Corte Constitucional. Los votos a favor se dieron por los magistrados Antonio José Lizarazo, Alberto Rojas, José Fernando Reyes, Diana Fajardo y el conjuez especial del caso, Julio Andrés Ossa.

Por su parte, los votos en contra fueron proferidos por los magistrados Cristina Pardo, Paola Meneses, Gloria Ortiz y Jorge Enrique Ibáñez.