Preparan instrumentos para que sentencia de la Corte IDH en el caso Petro no prospere

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En las últimas horas, el Procurador Fernando Carrillo, el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez Alzate, la Viceprocuradora Adrana Herrera y el delegado para la conciliación Administrativa, Ivan Dario Gómez, trabajan en la construcción de los instrumentos jurídicos para que sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del senador Gustavo Petro contra el Estado colombiano, no prospere y según ellos, le abra la puerta a los corruptos.

Las dos entidades iniciaron el análisis de los efectos que tendría la decisión de la Corte IDH sobre los procesos disciplinarios contra funcionarios de elección popular comprometidos en la desviación de recursos públicos, afectación a los derechos fundamentales y obstrucción a la justicia.

Dentro de la hoja de ruta que están creando, estraría explorar los instrumentos jurídicos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el control de convencionalidad frente a otros tratados suscritos por Colombia.

Por su parte, La CIDH aseguró que la inhabilidad interpuesta por la Procuraduría al exalcalde Gustavo Petro en 2013 no cumplió con el debido proceso ni respetó su derecho a la defensa, porque concentró facultades de investigación, acusación y sanción que no son compatibles con las convenciones internacionales. Con esto, la CIDH determinó que el Estado debe reparar a Gustavo Petro con los salarios que dejó de recibir durante el tiempo que duró su inhabilidad y por los daños que le causó dicha decisión

Para la PGN y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica uno de los temas fundamentales que será analizado tiene que ver con los mecanismos que le den prevalencia a los principios del derecho internacional que la Corte Constitucional ha determinado como vinculantes en Colombia para los tratados internacionales, entre otros, el principio de subsidiariedad del Derecho Internacional de los DDHH.

Expertos internacionalistas han considerado que la Corte IDH exige una serie de reformas a las facultades de la PGN, haciendo caso omiso de la tradición constitucional y de la jurisprudencia colombianas.