Judicial

Primera vez en la historia, informe oficial de Fuerza Pública y Derechos Humanos 2021

En este informe se abordan las capacidades, logros y avances de la Fuerza Pública para mantener el respeto por los Derechos Humanos

09 de febrero de 2022

Nicolás Escobar Escobar

nescobar@larepublica.com.co
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El ministro de defensa, Diego Molano Aponte, presentó por primera vez en la historia un informe oficial de Derechos Humanos y Fuerza Pública 2021, en donde se visibilizan las acciones y los resultados en la garantía y respeto por los Derechos Humanos.

Este documento fue posible gracias a la implementación del Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional con el decreto 1874 del 30 de diciembre del 2021, donde se avanza en la protección de los Derechos Humanos por parte del sector Defensa.

El informe aborda las capacidades y logros de la Fuerza pública, los avances en las destinas capacitaciones sobre derechos humanos y las medidas disciplinarias para mantener el respeto por los derechos y el Derecho Internacional Humanitario. El ministro fue claro diciendo que en la entidad no se tiene tolerancia hacia la violación de los derechos y que los hechos individuales cometidos no pueden ser generalizados.

Por esta razón, señaló que dentro del contexto de las movilizaciones la policía realizó 231 indagaciones disciplinarias, de las cuales 193 fueron cerradas y 38 aún se encuentran vigentes. De las indagaciones que fueron cerradas, 23 fueron objeto de solicitud de traslado a la Procuraduría General de la Nación. A su vez que, la Procuraduría inició 188 procesos, de los cuales 184 son indagaciones preliminares y 4 investigaciones disciplinarias.

Este informe se compone de 10 capítulos y fue liderado por el Viceministerio para las Políticas de Defensa y Seguridad, con la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa y con la participación de oficinas de Derechos Humanos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, identificando escenarios como la pandemia Covid-19, el crimen organizado y sus rentas ilegales en las actividades de la protesta social.