Probogotá presentó herramientas jurídicas para proteger la libertad de las empresas

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Se han multiplicado en las redes sociales, posiblemente por cuenta de la campaña electoral, los discursos que cuestionan la función social de las compañías o valores como la libertad empresa, por lo que Probogotá Región, de la mano del expresidente de la Corte Constitucional, Manuel José Cepeda, presentó un documento de casi 100 páginas en el que se analiza el régimen constitucional de la empresa en Colombia, y sus aportes al pluralismo y la democracia participativa.

Normalmente, los discursos en defensa de la empresa utilizan argumentos sobre su papel en la generación de empleo, crecimiento económico y aportes tributarios, sin embargo, el estudio sostiene que el rol de las compañías en la sociedad colombiana va más allá, pues aportan a la consecución de los fines del Estado Social y Democrático de Derecho establecido por la Constitución de 1991.

"La actividad empresarial y la iniciativa privada son un camino necesario para la garantía de los derechos y para el logro de los fines del Estado Social de Derecho. Sin iniciativa privada, no se lograría alcanzar varios de los mandatos y objetivos de la Constitución de 1991", dice el documento.

En ese sentido, cobra especial relevancia el derecho a la libertad de empresa, que se define como “aquella libertad que se reconoce a los ciudadanos para afectar o destinar bienes de cualquier tipo (principalmente de capital) para la realización de actividades económicas para la producción e intercambio de bienes y servicios conforme a las pautas o modelos de organización típicas del mundo económico contemporáneo con vistas a la obtención de un beneficio o ganancia”.

El documento, entonces, muestra que la actividad empresarial está vinculada al ejercicio de derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de asociación o la libertad de expresión, y que de esta se desprenden garantías a otros, como la salud, la educación, el acceso a la vivienda digna o el acceso a la propiedad accionaria, entre otros.

Dada su importancia, entonces, el estudio explica las garantías de arquitectura institucional, procedimentales y sustantivas que impiden que un gobierno, cualquiera que sea, anule la libertad de empresa, y expone algunas medidas que podrían amenazar esa libertad, y las herramientas jurídicas para contrarrestarlas.

Entre las amenazas, el documento resalta la estigmatización del sector empresarial desde el discurso oficial, el exceso en la potestad reglamentaria, la discriminación, desviación de poder y el desconocimiento de la seguridad jurídica y confianza legítima.

"Para cada una de ellas la Constitución contempla diversas garantías institucionales:
• Incluye el principio democrático y la reserva de ley, la garantía de autonomía técnica para entidades como las superintendencias y comisiones de regulación.
• Contempla garantías sustantivas como el principio de legalidad y las limitaciones al poder de expropiar incluyendo la indemnización justa, previa y plena, acoge el concepto de expropiación indirecta y prohíbe las penas de confiscación.
• Exige que las intervenciones del Estado sean ordenadas por la ley (reserva legal), respeten el núcleo esencial de la libertad de empresa (ej. no invadan los asuntos internos de una empresa), y sean razonables a la luz del fin buscado.
• Impide que se impongan deberes a los particulares que no se encuentren previstos en la ley o sean desproporcionados.
• Contempla garantías judiciales, incluyendo el acceso a la tutela y a la acción pública de inconstitucionalidad, y otras acciones públicas.
• Impide adoptar medidas arbitrarias en el marco de un estado de emergencia. La Corte Constitucional debe verificar los motivos del estado de emergencia, y además puede limitar las medidas a adoptar, asegurando que sean proporcionales y respeten la libertad económica y el derecho de propiedad".