Probono lanzó una guía legal con respecto a los derechos y deberes durante la protesta social

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Los hechos registrados esta semana en Bogotá, donde una protesta social terminó en la quema de un bus del Sitp, así como sucedió en las constantes movilizaciones que se registraron durante el paro nacional, han puesto sobre la mesa un manto de dudas sobre qué está permitido y qué no a la hora de manifestar como ciudadanos.

En el marco de un año histórico para Colombia en materia social, y a propósito de que seguimos viendo desmanes en algunas ciudades principales, la Fundación Probono publicó a modo informativo el Manual de la Protesta Social.

¿En qué consiste?

Asuntos Legales habló con Ana María Arboleda, directora de la Fundación Probono, para tener más detalles sobre el material informativo, el cual contiene los aspectos penales, civiles, estatales y constitucionales de las protestas. “En la Fundación Probono quisimos apoyar a quienes estaban sufriendo algún tipo de perjuicio material, físico, legal y que pudiera ser resuelto a través de nuestra red de abogados con relación al paro nacional”, dijo.

Responsabilidad penal

En la primera parte de la cartilla se toca el tema penal del paro nacional, el cual está relacionado con los únicos dos escenarios en que una persona puede ser capturada bajo una manifestación: por mandato expreso de una autoridad o en un caso de flagrancia.

Según la guía, en caso de que haya una detención arbitraria, la persona podrá recurrir a entidades como la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo, mecanismos informales de ayuda y, en caso de estar en Bogotá, ante la Secretaría de Gobierno de la capital.

“Es claro que el Estado bajo la fuerza y autoridad legítima no puede cometer abusos, y durante los meses del paro nacional parece haber documentado algunos casos de desaparición, tortura y homicidio. Estos tres comportamientos delictivos deben ser castigados, aunque primero esclarecidos. Todas estas conductas deben investigarse”, explicó Alejandro Mejía, socio de Cáez Muñoz Mejía Abogados.

Para la directora de la Fundación Probono, el apartado penal del Manual de la Protesta Social está dirigido a aquellas personas que son capturadas o privadas de la libertad “y no conocen sus derechos y el funcionamiento de la Ley”.

Uno de los puntos importantes que resalta la guía es la presentación de un documento de acción constitucional conocido como Habeas Corpus, el cual puede ser presentado ante cualquier juez cuando se crea que hay una detención ilegal. El documento debe contener: nombre de la persona; razones por las que se considera que está detenido ilegalmente; fecha de reclusión; y lugar donde está privado de la libertad.

Responsabilidad civil

En este apartado del manual se encontrarán los temas comerciales, otro de los grandes problemas que se ha presentado durante el paro nacional, sobre todo durante sus momentos más críticos. “El tema de responsabilidad civil que tiene que ver con los asuntos comerciales es importante por aquellos comerciantes que se veían afectados por el tema de las protestas, por ejemplo, cuando rompen la vitrina de un local por una protesta o cómo funciona el tema de los seguros o el marco de la actividad comercial en la protesta”, aseguró Arboleda.

El manual establece que ni los comerciantes tienen derecho a impedir a los manifestantes su derecho a la protesta, pero los ciudadanos no pueden limitar la actividad comercial del país.

Derechos relacionados

El manual también es claro en advertir que los ciudadanos tienen el derecho constitucional a la manifestación. Mejía aseguró que “los derechos básicos de los manifestantes están recogidos en la Constitución, en el artículo 37. En este Estado se pueden llevar a cabo protestas pacíficas. Como es constitucional, no hay una norma que la reglamente.

El Estado debe reglamentar el ejercicio de ese derecho y han escogido una serie de normas y directrices que ha orientado la forma del ejercicio de ese derecho dentro de esos límites”.

El manual de Probono también plantea que las personas tienen derecho a expresarse libremente y manifestar abiertamente pensamientos e ideas. Sin embargo, es importante recordar que si bien los manifestantes tienen el derecho a usar las vías publicas para manifestarse, la acción se convierte en un delito cuando se utilicen medios ilícitos para ello, como las armas de fuego; también cuando se atente contra la vida humana, la salud pública y la seguridad alimentaria.

Del mismo modo, cuando se ponga en riesgo la seguridad del Estado. Una de las consignas básicas del manual, aunque ya conocidas, es que el derecho a la protesta no puede estar sobre ninguno otro.