Pretensiones de procesos por la toma del Palacio de Justicia suman $161.000 millones

Contenido

Han pasado 40 años y no ha cesado la horrible noche. Cuatro décadas de investigaciones, demandas y dolor, de preguntas que aún no tienen respuesta, y de la incertidumbre de si algún día la tendrán. Un periodo que dejó una cicatriz imborrable en la justicia colombiana y, sobre todo, en las 96 víctimas que, según cifras oficiales, dejó la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985 a manos del M-19, una tragedia que también cobró la vida de 11 magistrados.

Ni siquiera el número de víctimas es certero. Las dificultades en los procesos de identificación dejaron dudas sobre la verdadera identidad de algunos cuerpos y pusieron en evidencia múltiples irregularidades. La Procuraduría reportó 95 personas fallecidas, de las cuales 76 fueron identificadas, entre ellas 22 guerrilleros. El Ministerio Público advirtió que, presuntamente, 19 cuerpos sin identificar fueron enviados a una fosa común.

También persiste el dolor de las familias de los empleados de la cafetería y de algunos visitantes ocasionales, víctimas de desaparición forzada, cuyo paradero aún se desconoce.

El costo para el Estado

La pérdida más grande de aquel episodio trágico en la historia de Colombia fueron las 94 vidas que se cobraron durante la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Sin embargo, el impacto no fue solo humano, también dejó un alto costo político, afectó la credibilidad de la Fuerza Pública, debilitó la confianza en la capacidad del Estado y afectó la fe de la ciudadanía en sus instituciones.

Pero, el costo para el Estado colombiano no ha sido solo político o institucional, sino también económico. Según la información registrada en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado, eKOGUI, suministrada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Andje, se han identificado 40 procesos judiciales de reparación directa interpuestos contra entidades públicas del orden nacional, relacionados con los hechos ocurridos hace 40 años.

La Andje informó que las pretensiones de estas demandas ascienden a $161.050 millones. De ese total, 26 procesos ya se encuentran terminados, que tenían un valor de $118.110 millones, mientras que 14 permanecen activos por un monto de $42.940 millones. No obstante, según las cifras oficiales, el valor bruto pagado apenas alcanza los $593,7 millones.

De los 26 procesos que se encuentran en estado terminado, 24 culminaron mediante ejecutoria de la sentencia, es decir, que ya llegaron a una decisión definitiva y obligatoria.

De los 24 procesos mencionados, 16 registran un fallo desfavorable para la entidad; sin embargo, únicamente 14 de ellos cuentan con información sobre la obligación de pago.

“Los procesos identificados tenían un valor económico indexado inicial de $72.200 millones, mientras que las entidades demandadas fueron condenadas por un valor total de $10.600 millones indexados, lo que equivale aproximadamente a 14,5 % del valor económico inicialmente reclamado por las partes demandantes “, explicó la entidad. Pero, como ya se mencionó, solo se tiene constancia de un valor bruto pagado de $593,7 millones.

¿De qué naturaleza son?

Los procesos identificados corresponden a 17 causas, entre las cuales predomina la desaparición forzada, con cuatro procesos activos por un valor de $12.800 millones, seguida de las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a agentes del Estado, con tres procesos aún en curso, según informó la Andje.

La entidad indicó que, entre los procesos concluidos, además de los relacionados con desaparición forzada, sobresale la causa de muerte de civil por acto terrorista contra instalaciones, funcionarios o símbolos representativos del Estado. Esta categoría registra seis procesos terminados, con un valor económico indexado de $24.400 millones. “Se advierte que, debido a la posible vinculación de un mismo proceso con múltiples causas, los valores no deben considerarse acumulativos”, aclaró la entidad.

Del análisis de las entidades vinculadas a los procesos judiciales identificados, el Ministerio de Defensa concentra el mayor número de casos, con 37 procesos y un valor económico indexado estimado en $142.200 millones. La Policía Nacional ocupa el segundo lugar, con 25 procesos y un valor total de $66.500 millones.

“Es importante aclarar que las entidades están vinculadas de manera concurrente en varios de los mismos procesos, por lo que el valor económico total podría reflejar un valor superior, teniendo en cuenta que el valor económico indexado es del total solicitado por la parte demandante”, dijo la entidad.

La Andje aclaró que es posible que no se cuente con el total de condenas, porque el campo de condena fue puesto en funcionamiento con la versión de eKOGUI 2.0 a finales de abril de 2019.

El tribunal especial

Poco después de lo ocurrido el 6 de noviembre de 1985, el Gobierno conformó un tribunal especial para investigar lo ocurrido durante la toma del Palacio de Justicia. En su informe, presentado en junio de 1986, la comisión concluyó que el entonces presidente de la República, Belisario Betancur, no tuvo participación directa en las decisiones adoptadas y que las Fuerzas Militares actuaron conforme a la orden de recuperar el edificio. En cambio, atribuyó toda la responsabilidad al grupo insurgente M-19.

El 31 de enero de 1989, el Juzgado 30 de Instrucción Criminal de Bogotá emitió una resolución acusatoria contra los dirigentes del M-19, entre ellos Carlos Pizarro y Antonio Navarro, por los delitos de rebelión, homicidio en coautoría, tentativa de homicidio y secuestro. Sin embargo, la Ley 77 de ese mismo año les otorgó el indulto, por lo que los procesos judiciales no continuaron.

Las demandas se intensificaron en los 2000, cuando la Fiscalía abrió investigaciones por desaparición forzada y acusó a los más altos oficiales de las operaciones. Pero, aún se desconoce la verdad de esta tragedia.

Antecedentes

Para generar el reporte, la Andje realizó la verificación e identificación de los procesos judiciales en los que figuran entidades vinculadas con los hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Para ello, consideró los procesos judiciales en los que se encontraran vinculadas entidades del orden nacional, así como los principales nombres y expresiones asociadas a la toma del Palacio.