Procuraduría abrió indagaciones contra ministros que firmaron decreto de la consulta
El ente de control aseguró que "actuará, dentro de sus atribuciones, en todos los procesos judiciales que puedan iniciarse contra ese decreto"
13 de junio de 2025Contenido
La Procuraduría General abrió el jueves una indagación preliminar contra todos los ministros que firmaron el decreto para convocar a la consulta popular.
Luego de que el jefe de Estado firmó el decreto el pasado miércoles 11 de junio en Cali, una ola de quejas y denuncias llegaron a las puertas del ente de control en donde se denunció que la firma del documento por parte de los ministros involucrados representa la separación de poderes del Estado y podría poner en riesgo las finanzas del mismo por los costos que representan convocar a las personas a unas urnas.
La Procuraduría informó que "actuará, dentro de sus atribuciones, en todos los procesos judiciales que puedan iniciarse contra ese decreto, ante las autoridades judiciales que asuman su conocimiento".
"En virtud del fuero disciplinario que cobija a los ministros del despacho, esa indagación la tramita la Sala disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación", precisó el Ministerio Público, que le pidió a las parte involucradas brindar información sobre las votaciones realizadas en el Senado hasta los argumentos jurídicos por parte del presidente Gustavo Petro para justificar la existencia de este documento.
Contexto de la decisión
Luego de que el Senado negó el pasado 14 de mayo la consulta popular con una votación de 47 votos a favor y 49 en contra, el Gobierno desestimó los resultados, pues aseguró que que existieron anomalías en esta decisión.
Ante la negativa del Senado a proceder con esta iniciativa, el presidente, Gustavo Petro, y buena parte de sus ministros firmaron un decreto que llamó a la consulta popular, que se prevé para el próximo 7 de agosto.
Varios partidos de la oposición e independientes, han entablado desde ya demandas contra el gobierno y los ministros que firmaron el decreto por incurrir en el delito de prevaricato, violación al debido proceso y considerar estas acciones como inconstitucionales.
Aún así, el jefe de Estado se pronunció al respecto, y señaló en el mismo decreto, que el documento está respaldada por la ley y no incurre en ninguno de los derechos que se le acusan.