Procuraduría da alerta por cifras de maltrato infantil, feminicidios y transfeminicidios
Entre enero y abril de 2024, Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio y Barranquilla registraron las cifras más altas de violencia intrafamiliar
10 de julio de 2024Contenido
Persiste la continua vulneración de los derechos de menores de edad en el país, en un entorno violento y desafortunado que también afecta a mujeres y personas de la comunidad LGBTI, según informa la Procuraduría General de la Nación.
Durante el período de enero a abril de 2024, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ,Inmlcf, registró 177 homicidios de niños, niñas y adolescentes, con 11 casos en la etapa de primera infancia, 7 en infantes y 159 en adolescentes. Además, se reportaron 11,195 casos de violencia en esta población durante el mismo lapso, incluyendo 5,889 exámenes médico-legales por presunto delito sexual, 2,754 por violencia intrafamiliar y 2,552 por violencia interpersonal.
La Procuraduría también alertó sobre las 10 ciudades con los mayores índices de violencia intrafamiliar según el INMLCF, lideradas por Bogotá con 880 casos, seguida por Medellín, Cali, Villavicencio, Barranquilla, Ibagué, Cúcuta, Yopal, Bucaramanga y Valledupar.
Además, expresó preocupación por los 11,427 niños, niñas y adolescentes ingresados al sistema de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entre enero y marzo de 2024, principalmente por omisión o negligencia, violencia sexual y falta de un responsable temporal o absoluto.
En cuanto a la violencia contra las mujeres, se registraron 121 feminicidios en el primer semestre de 2024, concentrados mayormente en Valle del Cauca, Antioquia, Santander y Atlántico, así como 8 transfeminicidios. La Procuraduría destacó la necesidad urgente de investigar a fondo los casos de violencia intrafamiliar, considerando los altos niveles de riesgo para las víctimas, muchas de las cuales no se perciben como tales debido al ciclo de violencia o a la dependencia económica.
Finalmente, hizo un llamado a todas las autoridades y a la sociedad en general para implementar análisis exhaustivos de riesgo en los procesos penales de violencia intrafamiliar, con un enfoque diferencial y de género que tenga en cuenta las dinámicas culturales machistas y patriarcales arraigadas en el país.