Procuraduría denunció a coordinadora que tramitó la liberación de dos primeras líneas

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La Procuraduría General de la Nación denunció penalmente a la juez coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá, Lilyan Jhoana Bastidas Huertas, por supuestamente haber tenido responsabilidad en el delito de prevaricato por acción, luego de haber ordenado la libertad de dos jóvenes de la primera línea, que fueron designados como voceros de paz por el Gobierno nacional.

Esta denuncia fue mandada a la Fiscalía General de la Nación, delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, a causa de haber considero que la funcionaria no estaba en la potestad de ordenar las boletad de libertad de los jóvenes y se anuló el conocimiento de la actuación sin dar traslado a uno de los jueces de garantías.

Según la Procuraduría, Lilyan Jhoana Bastidas Huertas “pasó por alto que las resoluciones remitidas por el Alto Comisionado para la Paz no dispusieron la suspensión de la detención preventiva, sino de las órdenes de captura que pesaban en contra de Santiago Márquez Chárriz y Adriana Esperanza Bermeo Sua, y, además, en su decisión no dejó constancia de la norma que la facultaba para decretar su libertad”.

Además, el Ministerio público recalcó que, “la señora juez coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá miró de soslayo dicho mandato (el de notificar las decisiones), con lo que también privó a los sujetos procesales, y particularmente al Ministerio Público, de la posibilidad de controvertir lo decidido a través de la interposición de los recursos de ley”.