Procuraduría expresa preocupación ante las cifras de agresiones a la población Lgtbiq+
La Procuraduría solicita incluir la protección de este colectivo en las negociaciones de paz y así fortalecer el sistema de justicia
15 de mayo de 2026Contenido
El procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Néstor Osuna, participó en la presentación del informe sobre violencia contra personas Lgbtiq+ elaborado por la organización Caribe Afirmativo. Durante su intervención, el funcionario analizó las cifras de agresiones registradas en Colombia durante el año 2025, concluyendo la necesidad de tomar acciones que corrijan este tipo de violencias de género.
Los datos presentados indican la ocurrencia de un homicidio cada 32 horas, además de casos de amenazas, violencia intrafamiliar y violencia sexual contra esta población.
El Ministerio Público comunicó la ejecución de acciones orientadas a la protección de los derechos humanos de este colectivo, con énfasis en la reducción de la impunidad. Osuna coincidió con el estudio al vincular las agresiones contra mujeres trans y otros miembros de la comunidad con el control territorial y las economías ilícitas. Estos hechos se atribuyen a la actividad de grupos armados que ejercen regulación social en diferentes regiones del país.
La Procuraduría planteó la necesidad de incluir el cese de ataques contra la población Lgbtiq+ como una condición dentro de los procesos de diálogo entre el Gobierno y los grupos armados.
El delegado señaló una disminución en la confianza de las víctimas hacia las instituciones de justicia y el sistema criminal vigente. El informe describe estas agresiones como una secuencia que inicia con la discriminación y escala hasta el homicidio.
El documento de Caribe Afirmativo establece que los hechos violentos se concentran principalmente en Bogotá, Antioquia y el Valle del Cauca. No obstante, se identificó un desplazamiento de estas prácticas hacia zonas con presencia de actores ilegales y baja vigilancia estatal. La organización sostiene que los cuerpos de personas con orientaciones e identidades diversas son objeto de violencia en el marco del conflicto armado.
El análisis concluye que el sistema actual no ha logrado detener el ciclo de exclusión y amenazas que precede a las muertes violentas. La distribución geográfica de los casos revela una tendencia vinculada a los corredores de economías ilegales.
Ante esta situación, las autoridades y la sociedad civil exigen ajustes en la política de seguridad y justicia para garantizar la integridad de los ciudadanos.