Procuraduría formuló pliego de cargos a militares por irregularidades en Operación Andrómeda
Tres miembros del Ejército Nacional estarían involucrados en la supuesta venta de información de carácter secreto al hacker Andrés Sepúlveda.
03 de enero de 2018Contenido
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el mayor Joany Alonso Guerrero Herrera, comandante de la Operación Andrómeda; el cabo primero Luis Humberto Moreno Montes, enlace entre la Central de Inteligencia Técnica y el GAHD, y el cabo segundo Carlos Alberto Betancur Sánchez, miembro de la operación, por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de información del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD) del Ministerio de Defensa Nacional.
De acuerdo con el organismo de control, el cabo primero Luis Humberto Moreno Montes habría obtenido de manera indebida una base de datos del GAHD, que contenía información relacionada con desmovilizados, y presuntamente la habría puesto en venta.
La Procuraduría también señaló al cabo segundo Carlos Alberto Betancur Sánchez, quien, según las declaraciones de Andrés Sepúlveda, conocido como “el hacker del proceso de paz”, habría ofrecido la venta de cien correos electrónicos pertenecientes a personas que participaban en la mesa de negociación de La Habana. También le habría ofrecido un software para el monitoreo de teléfonos celulares a cambio de dinero.
En el caso del mayor Joany Alonso Guerrero Herrera, la Procuraduría formuló cargos por un posible incumplimiento de sus deberes y funciones, relacionado con la falta de control sobre los suboficiales a su cargo. Según el organismo de control, esta omisión habría permitido el desarrollo, uso y ofrecimiento de herramientas e información de seguridad nacional.
A diferencia de las conductas atribuidas a los otros investigados, la Procuraduría calificó provisionalmente la conducta de Guerrero Herrera como falta grave a título de culpa, por el presunto incumplimiento de sus deberes de control.
Para formular los cargos, la Procuraduría tuvo en cuenta información de las diligencias adelantadas al interior de las Fuerzas Militares y las declaraciones entregadas por Sepúlveda el 15 de agosto de 2014. Con base en estos elementos, el organismo de control también archivó las investigaciones a favor del capitán Manuel Alexander Betancur Montoya, el cabo segundo Yessid Aramis Cáceres y el cabo tercero Michael Steve Beltrán Durán.
Posteriormente, en una decisión de segunda instancia comunicada el 29 de diciembre de 2020, la Procuraduría confirmó la responsabilidad disciplinaria de Joany Alonso Guerrero Herrera por el incumplimiento de sus deberes al no ejercer control sobre los suboficiales a su cargo y mantuvo la calificación de la falta como grave a título de culpa.
La decisión de segunda instancia diferenció esta conducta de las actuaciones atribuidas a otros de los disciplinados relacionadas directamente con la obtención y manejo ilegal de información.