Procuraduría General indicó deficiencias en el rotulado y embalaje de muestras

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La Procuraduría General de la Nación decidió hacer un llamado a las entidades territoriales y distritales de salud para fortalecer con la mayor celeridad los laboratorios de salud pública. Además, la entidad que lidera Fernando Carrillo invitó a hacer un control de calidad de todas las pruebas de los posibles casos de Covid-19.

El llamado hecho por la entidad apunta a mejorar los procesos de análisis y confirmación de los resultados, luego de haber revelado que las entidades territoriales de salud presentan incumplimientos en los lineamientos con el Ministerio de Salud y Protección Social sobre el rotulado, embalaje y traslado de las pruebas, las cuales son enviadas al Instituto Nacional de Salud (INS).

Los hallazgos mostraron que algunas terminan no siendo aptas para el proceso de análisis, en parte por una mala conservación, y que adicionalmente las fichas epidemiológicas no cumplen con los requisitos.

Por otro lado, se encontró que las entidades territoriales no cuentan con el suficiente transporte de sustancias infecciosas y/o material biológico que garantice el traslado de las muestras al INS, en donde determinan los resultados.

A la fecha, solo cinco de los 32 departamentos tiene contratado ese servicio.

Cada muestra le cuesta al sistema $380.000 y el retroceso generado por la mala implementación del embalaje y enviado de las muestras obliga a las entidades a volverlas a tomar y también el posible riesgo de un mayor contagio.

Adicionalmente, hay retrasos de las respuestas de los análisis para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (Eapb), lo que conllevaría a que los tratamientos médicos se dilaten y que pueden agravar la situación clínica de pacientes contagiados con Covid-19.

En esa misma tónica, el Ministerio Público hizo un llamado a los diferentes secretarios de salud departamentales, municipales y distritales a quienes les pidió gestionar y cofinanciar la implementación de rutas de transporte para personal médico que trabaje en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.

“Su operación dará un alivio a los profesionales de la salud, garantizará su movilidad, su seguridad personal y evitará el contacto y potencial contaminación hacia los ciudadanos que se movilizan en medios de transporte público”, indicaron desde la Procuraduría.