La Procuraduría intervino en sanción que iba a imponer la Superindustria contra Ecopetrol
El caso analiza presuntas irregularidades en la contratación de servicios aéreos entre 2011 y 2023
06 de agosto de 2026Contenido
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La Procuraduría General de la Nación intervino en el proceso administrativo que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, contra Ecopetrol, Cenit y Ocensa por presuntas prácticas restrictivas de la libre competencia en la contratación de servicios de helicópteros, lo cual, lo puede convertir en un expediente que podría desembocar en una millonaria sanción para las compañías del grupo empresarial.
De acuerdo con la información revelada por El Tiempo, el Ministerio Público solicitó participar en el trámite al considerar que este caso involucra recursos públicos y tiene un alto interés general. La intervención se produce cuando la SIC se encuentra próxima a adoptar una decisión definitiva sobre el proceso.
La investigación de la Superintendencia se originó por seis procesos de contratación realizados entre el año 2011 y 2023 para el transporte aéreo de personal y carga hacia campos petroleros. Según un informe de la Delegatura para la Protección de la Competencia, Ecopetrol, Cenit y Ocensa habrían diseñado los pliegos con requisitos que restringieron la participación de algunos competidores y favorecieron a la empresa Helistar.
El documento de 251 páginas, concluye que las tres compañías habrían establecido condiciones relacionadas con la antigüedad de las aeronaves, las horas de vuelo que, en la práctica, limitaron la competencia en contratos cuyo valor supera los $400.000 millones. La Delegatura recomendó declarar responsables a las empresas del grupo Ecopetrol, mientras que señalaron que no encontraron pruebas suficientes para sancionar a Helistar ni a sus representantes legales.
La Procuraduría pidió ser escuchada antes de que la SIC adopte una decisión definitiva, argumentando que el proceso tiene implicaciones para el patrimonio público y la contratación estatal.
Actualmente, el proceso permanece a la espera de que se reúna el comité asesor de la Superintendencia, instancia cuyo concepto es obligatorio, aunque no vinculante, antes de que la superintendente emita el fallo definitivo.