Investigan presuntas irregularidades en contratos de vigilancia para privados de libertad

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La Procuraduría General de la Nación señaló que debido a presuntas irregularidades en las prestación del servicio de los chips electrónicos que funcionan para el control de los privados de la libertad, se abrió investigación disciplinaria a Sergio Alejandro Caballero Baute, en su condición de representante legal del interventor Consorcio Intervigilancia de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec.

Desde el Ministerio Público se señaló que que las presuntas irregularidades se relacionan con posibles cobros por aparatos de monitoreo, empleados con personas privadas de la libertad, con detención domiciliaria, prisión domiciliaria, beneficios administrativas o con medida de aseguramiento no privativa de la libertad a nivel nacional, que estarían inactivos.

Agregaron que según información que reposa en la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, esta situación podría configurar un posible detrimento patrimonial que sería superior a $14.000 millones.

La Procuraduría explicó que también se investiga el servicio de mantenimiento de los localizadores, debido a que al parecer venían reduciendo la capacidad de mantener la carga de la batería al punto que no cumplían las condiciones estipuladas en la ficha técnica del contrato.

"El Ministerio Público busca establecer si esta situación pudo obedecer a deficiencias en el seguimiento y control en las labores de la interventoría y la supervisión", explicaron desde la Procuraduría.