Procuraduría ordena a las EPS activar plan sanitario en Córdoba por inundaciones
El Gobierno Nacional inició una indagación sobre el manejo de $33.000 millones destinados a la prevención de riesgos en la zona
11 de febrero de 2026Contenido
La Procuraduría General de la Nación emitió una orden dirigida a las Entidades Promotoras de Salud, EPS, instituciones prestadoras y autoridades territoriales para ejecutar planes de acción en el departamento de Córdoba.
Esta medida busca establecer una respuesta ante el impacto sanitario derivado de las inundaciones en la región. El objetivo principal es gestionar la atención médica y mitigar riesgos de salud pública entre la población afectada.
La Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y Seguridad Social ha solicitado que se priorice la asistencia a grupos vulnerables, incluyendo niños, mujeres gestantes, adultos mayores y personas con discapacidad o enfermedades crónicas.
La instrucción contempla la activación de rutas de urgencia y garantiza el suministro de medicamentos e insumos médicos necesarios. Asimismo, se requiere que las secretarías de salud coordinen brigadas de vacunación y vigilancia epidemiológica.
El Ministerio Público ha instado a la Superintendencia Nacional de Salud a realizar una vigilancia sobre las entidades que operan en Córdoba para verificar el cumplimiento de los servicios. Esta acción busca identificar fallas operativas y asegurar el derecho a la salud en las zonas declaradas en desastre.
Por su parte, el procurador general ha solicitado al Ejecutivo que los recursos disponibles se concentren en la atención inmediata y el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria.
En el marco de la respuesta gubernamental, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga Franco, ha solicitado informes sobre la ejecución de más de $33.000 millones destinados previamente a la mitigación del riesgo. El funcionario ha señalado la importancia de esclarecer el manejo de estos fondos públicos por parte de organizaciones no gubernamentales y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Sinú y San Jorge.
La administración central ha manifestado la necesidad de investigar el uso de los recursos de prevención ante afectaciones ambientales que se han registrado en el territorio de manera recurrente.
El gobierno enfatiza que, además de las medidas de emergencia actuales, es necesario auditar la gestión fiscal de los planes de restauración ecológica para determinar la eficacia de las inversiones realizadas en años anteriores.