Procuraduría solicitó a la JEP incorporar violaciones en el macrocaso 01 sobre las Farc
Además solicitó que los casos de violencia sexual y secuestros de niños y niñas sean considerados como hechos representativos que caracterizaron las acciones del Bloque Noroccidental.
03 de diciembre de 2024Contenido
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que se adicione un nuevo patrón macrocriminal en el auto de reconocimiento de hechos y conductas atribuidas a los miembros del antiguo Bloque Noroccidental de las Farc, Bnocc.
La petición incluye la "toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad con finalidad de explotación", en el marco del macrocaso 01, que investiga las acciones de este grupo armado.
El procurador delegado ante la JEP, Jairo Ignacio Acosta Aristizábal, explicó que los secuestros cometidos por el Bloque Noroccidental no solo fueron una forma de privación de la libertad, sino que fueron ejecutados con la finalidad de obtener mano de obra para satisfacer las necesidades del grupo armado. Acosta destacó que este fenómeno ha sido reconocido por los comparecientes en diversos escenarios relacionados con el caso.
En su intervención, la Procuraduría también abordó otros aspectos fundamentales relacionados con las víctimas del conflicto, como la violencia sexual y de género, así como la especial victimización de menores de edad. En relación a la violencia sexual, se afirmó que esta fue una práctica sistemática utilizada por los grupos armados para reafirmar su dominio y controlar a las poblaciones.
La Procuraduría subrayó la importancia de no restar relevancia a los casos de menores de edad, quienes fueron víctimas de secuestros con fines extorsivos y otras formas de abuso, destacando que estos casos no deben ser agrupados con los secuestros de adultos mayores, como ocurrió en el proceso de la JEP.
El informe revela que al menos seis víctimas acreditadas fueron secuestradas siendo menores de edad, y ocho más fueron plagiadas junto a sus hijos pequeños, lo que evidencia una política deliberada del Bnocc, calificada como crimen de guerra por la Corte Penal Internacional. La Procuraduría insiste en que estos actos no fueron eventos aislados, sino parte de un patrón sistemático de conducta.
Además, Acosta reiteró su preocupación sobre las imprecisiones jurídicas de la JEP al tratar el secuestro de civiles y miembros de las Fuerzas Militares de manera indistinta. La Procuraduría subraya que, mientras no se demuestre que los policías estaban participando directamente en las hostilidades, estos deben considerarse civiles protegidos bajo el Derecho Internacional Humanitario, DIH, y su secuestro representa una violación al principio de distinción.