Procuraduría suspendió al general Huertas y Wilmar Mejía por infiltración de disidencias

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Días después que la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación con el objetivo de establecer la veracidad de infiltraciones de las disidencias de las Farc en altas esferas del Gobierno Nacional, se conoció que el Ministerio Público suspendió provisionalmente al general Juan Miguel Huertas, quien ocupa el Comando de Personal del Ejército, y a Wilmar Mejía, director de inteligencia en la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, por su implicación en el caso.

Las razones que motivaron la decisión se relacionan con una serie de revelaciones sobre presuntos chats, cartas y otras comunicaciones entre los dos funcionarios y el jefe disidente alias Calarcá, que fueron encontrados en una serie de computadores y USB incautadas a este grupo armado en un retén a mediados del año pasado.

En específico, son acusados de haber conversado con alias Calarcá sobre la creación de una empresa de seguridad fachada que les permitiría a los integrantes del grupo armado movilizarse en vehículos blindados y portar armas y fusiles con todos los permisos legales otorgados.

En cuanto a Mejía, específicamente, fue señalado de ser el enlace directo entre el grupo armado e integrantes de la Fuerza Público, con el fin de llegar a un pacto de no agresión y poder infiltrarles y entregarles información confidencial sobre los operativos que adelantarían las Fuerzas Armadas en su contra, para prevenirlos.

"Iniciar indagación en este asunto, a la que serán vinculados el brigadier general Juan Miguel Huertas y Herrera y Wilmar Mejía, por los hechos denunciados (...) de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 208 del CGD y de acuerdo con lo expuesto en el parte motiva de este proveído", indicó la Procuraduría en el momento en que inició el proceso.

El ente de control también decretó la realización de una serie de pruebas que buscan esclarecer los hechos y lograr una individualización de las demás personas que estén implicadas en el caso. Para ello, hizo solicitudes especiales a la DNI, al Ejército Nacional y al Ministerio de Defensa, para que allegaran toda la información relacionada con estos hechos.

A su vez, ordenó a la Fiscalía General de la Nación, sobre la que reposan dudas de por qué no dio a conocer estos hechos anteriormente si tenía en su poder los archivos que contenían las comunicaciones, informar si existen actuaciones a cargo de ese organismo que estén relacionados con el caso y confirmar si conserva, bajo su custodia, los chats, cartas y demás comunicaciones incautadas durante una interceptación a la caravana en la que se movilizaban los jefes disidentes de las Farc en 2024.